Ucayali: Instalan la Guardia Indígena para enfrentar al crimen organizado

En el límite más extremo de la región Ucayali, especialmente en la frontera con Brasil, las organizaciones criminales intentan controlar los territorios y libran cruentas hostilidades. Talan los bosques para sembrar y cultivar coca. Así, las mafias pugnan por el control de las rutas del narcotráfico.

En consecuencia, los pueblos indígenas Yurúa, de la que forman parte familias asháninkas, yaneshas y amahuascas, sufren las amenazas de “plata o plomo” y el asesinato de defensores.

Por ello, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) y Aconadiysh denuncian la grave escalada de violencia y crimen organizado que afecta a las comunidades indígenas del distrito de Yurúa, debido al avance del narcotráfico, la tala ilegal y otras economías criminales que amenazan la vida y autonomía de los pueblos amazónicos.

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Informes recientes confirman la presencia de grupos armados transnacionales, como el Comando Vermelho y los Comandos de la Frontera, que operan desde Brasil hacia territorio peruano ante la ausencia del Estado. Esta situación ha permitido la expansión de rutas fluviales y pistas clandestinas para el tráfico de drogas, generando reclutamiento forzado y consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes indígenas.

Frente a esta crisis, las organizaciones Aidesep, Orau y Aconadiysh han impulsado la restauración del puesto de control fronterizo del Hito 38 en Yurúa, que será la base de la nueva Guardia Indígena Transfronteriza Perú-Brasil, un espacio de cooperación y control territorial indígena frente al crimen organizado.

ATIENDAN CRISIS DE SEGURIDAD

“La creación de la Guardia Indígena y la reapertura del Hito 38 no son actos de confrontación, sino de esperanza y dignidad. Los pueblos indígenas sabemos organizarnos y exigimos que el Estado asuma su responsabilidad con seguridad, desarrollo y respeto”, señaló el Apu Jamer López Agustín, presidente de Orau.

Indicó que, como pueblos originarios exigimos al Gobierno: presencia policial permanente y articulación entre los Ministerios de Defensa e Interior. También protección efectiva a Defensores Indígenas, programas de desarrollo alternativo y economía indígena sostenible, mejora de la infraestructura básica en Yurúa y reconocimiento legal de la Guardia Indígena Transfronteriza Perú- Brasil.
Asimismo, las tres organizaciones instan con urgencia al presidente de la República, José Jerí Oré, acudir al distrito de Yurúa y atender de manera inmediata la crisis de seguridad y abandono estatal que vive la frontera amazónica.

PUEBLOS AMENAZADOS

Un informe de Orau revela que una de las comunidades es Oori que se ubica entre las cuencas de los ríos Yurúa y Breu. En ese vasto territorio están localizadas también las comunidades fronterizas aledañas Santa Rosa y Koshireni.

Si bien las actividades delictivas tienen una alta repercusión en esos pueblos, también han expandido sus tentáculos en la política.

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Para frenar estas actividades criminales este 1 y 2 de noviembre se instaló en el puesto de control fronterizo (Hito 38) la guardia indígena.

En el lado peruano, la ciudad más cercana para acceder a una posta médica y a una escuela secundaria es Puerto Breu, aunque en ambas fronteras el costo de la desigualdad es el mismo.

Yarúa, Santa Rosa y Koshireni tienen un doble rol en la defensa de la selva peruana, junto a otras seis localidades nativas que forman el cinturón de protección de la Asociación de Conservación Comunal de Yurúa (ACCY).

Además, con las comunidades que confluyen con los ríos Yurúa y Huacapishtea, actúan como bloque de amortiguamiento de la Reserva Indígena Murunahua y de la Reserva Indígena Mashco Piro, donde habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento (PIA) Mashco Piro, mastanahua y otro cuya pertenencia técnica aún no se identifica.

En este territorio, las familias nativas están siendo afectadas por la expansión del narcotráfico, cuyas redes alcanzaron a niños y adolescentes.

El paso de avionetas clandestinas que sobrevuelan a baja altura se sienten entre las 2 a.m. y 5 a.m.  Se ha encontrado campamentos foráneos dentro de la Reserva Indígena Mashco Piro y chozas en la Reserva Murunahua que no pertenecen a población indígena.

NARCOTRÁFICO Y DEFORESTACIÓN

El Sernanp cuenta con información de actividad de deforestación en la Quebrada La Raya, en el afluente del río Inuya que limita con la Reserva Murunahua, exactamente en una zona que era usada como pista de aterrizaje clandestina para el transporte de drogas.

Fuentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en Pucallpa confirmaron que estas avionetas modelo Cessna que cruzan la región tienen como destino final Bolivia, país que recibe la cocaína que llega del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) por el corredor fluvial.

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Sin embargo, sostienen que en los últimos años la región Ucayali ha escalado en su actividad productora de cultivos de hojas de coca. Esto debido a la presencia de organizaciones del narcotráfico que migraron del Vraem, huyendo de los operativos antidrogas, y al ingreso al Perú del Comando Vermelho, un grupo criminal brasileño dedicado al sicariato y a la extorsión, que desde 2018 busca concentrar el control del transporte de estupefacientes en la Amazonía.

Esta última semana, miembros de la Comisión Transfronteriza Juruá, Yurúa, Alto Tamaya, que abarca 28 territorios y trece pueblos originarios de Perú y Brasil, estuvieron en Lima con el objetivo de exponer sus preocupaciones al gobierno central y a la sociedad civil, destacando temas cruciales como los proyectos de infraestructura, tanto legales como ilegales, como carreteras, caminos forestales y pistas de aterrizaje, así como la protección de las nacientes de los ríos y la biodiversidad.

Además, abordaron el preocupante avance de las economías ilegales, incluido el crimen organizado, y la urgente necesidad de protección para los defensores de los derechos de los pueblos originarios.