
En pleno estado de emergencia, la MML dispuso declarar “en situación de emergencia y de interés metropolitano” la seguridad ciudadana de la capital por 120 días, mediante una resolución municipal publicada el viernes 24 de octubre y suscrita por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.
La Ordenanza Municipal N° 2776, publicada en el diario oficial El Peruano, establece una serie de medidas “inmediatas y urgentes” para frenar la inseguridad que azota a la capital del Perú. Esta decisión se dio tras un acuerdo durante el concejo municipal, aprobado por mayoría y con la dispensa del trámite de aprobación del acta para su inmediata ejecución.
Desde la Municipalidad de Lima, una de las acciones que se busca realizar durante la declaratoria de emergencia es la conformación de un equipo integrado por el Comité Regional y los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CORESEC y CODISEC) para que trabaje en conjunto con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Interior, las municipalidades distritales, así como al sector privado, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, con el fin de que coordinen "acciones de prevención, control y respuesta ante las amenazas que afectan la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana".
La República consultó con José Manuel Saavedra, experto en seguridad y presidente de Misión de Ciudades Seguras, para conocer qué acciones complementarias debería tomar la comuna para combatir la delincuencia desde su ámbito de competencia.
El especialista señaló que la participación del Coresec y los Codise representa una medida clave y positiva. “Su integración permitirá articular una estrategia común con objetivos y metas compartidas, además de reforzar y coordinar el patrullaje”.
No obstante, el experto añade que estas acciones deberían ser complementadas con estrategias para recuperar espacios públicos. Como, por ejemplo, mejorar la iluminación, reemplazar las luces convencionales por luminarias LED y retirar la basura acumulada en esquinas y accesos a los distritos.
Asimismo, de acuerdo con la resolución respaldada por Reggiardo, esta también buscaría el "fortalecimiento de la capacidad operativa del serenazgo y de los sistemas de videovigilancia". Así como optimizar contrataciones de la gestión y "promover convenios de cooperación con entidades públicas y privadas para apoyo logístico, tecnológico y otros relacionados".
Un delito en particular que los ciudadanos exigen atender con urgencia son las extorsiones. A nivel nacional se han registrado más de 20,300 denuncias por extorsión, según información del SIPOL. De acuerdo con gráficos realizados por el medio Mapea, hasta septiembre de 2025 se contabilizaron 8,522 casos en Lima Metropolitana. Este fenómeno, vinculado al sicariato, se ha convertido en un problema que aqueja a distintos transportistas y comerciantes.
Por ello, el experto sostiene que las municipalidades también cumplen un rol importante en la lucha contra esta problemática, por ejemplo, al identificar los puntos donde se cobran las extorsiones.“Las municipalidades saben los lugares donde se realiza el cobro de extorsiones y quiénes son las víctimas. Por ello, es necesario reconocer los locales donde se desarrollan actividades ilícitas, como la trata de personas. Esas zonas deben ser identificadas y el Codisec tiene que incorporarlas en el mapa de puntos críticos. Con esa información, la Policía Nacional y el Ministerio Público pueden ejecutar operativos de intervención aprovechando el estado de emergencia”, enfatiza Saavedra.
Asimismo, señala que esta medida debe ir acompañada de un sistema de videovigilancia que interconecte a los distritos y permita monitorear la ciudad en tiempo real. Esto facilitaría la identificación y captura continua de delincuentes, especialmente en zonas con mayor incidencia delictiva. "Existe una experiencia positiva, por ejemplo, en el distrito de Magdalena del Mar. Ya se ha verificado que en cada calle hay una cámara de videovigilancia, lo cual contribuye a que, en una persecución, se pueda conocer en tiempo real el recorrido de los delincuentes", añade el presidente de Misión de Ciudades Seguras.
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