
A más de 35 años de los crímenes cometidos presuntamente por un contingente del Ejército contra un abogado y un maestro en Oxapampa (Pasco), la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad decidió actuar y reactivar el caso.
Merced a ello la fiscalía, con asiento en Satipo, notificó para que brinde y/o "recabe la declaración testimonial" del exdiputado César Barrera Bazán quien era miembro del Congreso de la República cuando ocurrieron los hechos.
El exparlamentario habría tomado conocimiento sobre la desaparición y posterior muerte de Fernando Mejía y Aladino Melgarejo.
“He sido citado para el 19 de setiembre a las 10.15 de la mañana. Allí estaremos”, prometió Barrera Bazán.
Para Amnistía Internacional, los informes sobre la ejecución extrajudicial del abogado Fernando Mejía Egocheaga y del maestro Aladino Melgarejo Ponce, después de que estuvieran detenidos y fueran torturados por presuntos miembros del Ejército, el 15 de junio de 1989 en Oxapampa, departamento de Pasco, fue causa de gran preocupación.
Especificaron que efectivos de esa institución detuvieron a Mejía en su domicilio de Oxapampa en presencia de su esposa y de su hija de 4 años. Asimismo, Aladino Melgarejo fue detenido esa misma noche, también en su casa.
Al parecer ambos fueron conducidos a la base del Ejército, en Oxapampa, donde, según los informes recabados, las autoridades de ese cuartel negaron que estuvieran detenidos.
El 16 de junio, sus familiares solicitaron al entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, que procurara su inmediata puesta en libertad. Sin embargo, las autoridades siguieron negando las detenciones.
Dos días después, el 18 de junio, un grupo de campesinos halló los cadáveres que mostraban indicios de tortura y heridas de bala, junto al río Santa Clara, en Oxapampa. Se practicaron las autopsias, pero Amnistía Internacional no dispuso de información sobre las conclusiones de las mismas.
Fernando Mejía era asesor jurídico de miembros de las comunidades campesinas y de habitantes de los barrios de Chabolas de Oxapampa. Era también presidente del comité provincial de la coalición de oposición Izquierda Unida (IU).
Por su parte, Aladino Melgarejo era dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el Estado peruano contó con diversas oportunidades para suministrar información a la Comisión en relación a los hechos denunciados.
Sin embargo, en todas sus comunicaciones se limitó a sostener la inadmisibilidad del caso sin discutir en ninguna instancia los extensos argumentos sometidos a la Comisión por los peticionarios, los cuales han sido transmitidos por ésta al Gobierno en debida forma, en cumplimiento de las normas de su reglamento.

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