
María Eduardo Bolaños es una ciudadana peruana que fue deportada desde Estados Unidos y separada de su hija de 6 años. La familia criticó a la Cancillería del Perú por solicitar un "certificado de pobreza" para que la menor reciba apoyo económico y pueda reunirse con su madre. Además, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay calificó como "fascista" este requerimiento.
La pariente de la afectada indicó que intentaron gestionar los procedimientos necesarios para que la niña de 6 años pueda reencontrarse con su mamá. No obstante, la administración de Donald Trump rechazó esta opción, argumentando que la mujer había sido arrestada de forma individual.
Asimismo, señaló que lograron reunir 700 dólares para el pasaje de la niña con la ayuda de su esposo y su hija, pero esa cantidad resultó insuficiente, ya que el costo del boleto es alrededor de 1.450 dólares.
"¿Cómo te va a exigir por conducto regular un certificado de pobreza? Me parece algo ilógico. Además, no estábamos pidiendo ayuda completa de pasaje, teníamos en calidad de dinero 700 dólares, o sea, nos faltaba prácticamente la mitad, pero nos dijeron (la funcionaria) que la disculparan", relató la familia de León en Exitosa.
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Ante esta situación, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay cuestionó a la Cancillería por solicitar un "certificado de pobreza" para brindar ayuda económica a una peruana que fue separada de su hija. Asimismo, calificó como "fascista" dicho certificado y apuntó que las autoridades deben "valorar con criterios, no documentos".
"Ese certificado de pobreza, es un certificado fascista. Lo peor de todo es que se quiera pedir un certificado de pobreza para quien tiene la evidencia incontrastable de que es pobre. Esta situación se debe valorar con criterios, no documentos. La presidenta de la República debería instruir al canciller para que este tipo de denominación desaparezca", declaró.
Asimismo, Rodríguez Mackay exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, a que instruya al canciller Elmer Schialer para que este tipo de denominación desaparezca.
Pareciera que estuviéramos en la edad media. Estas cosas no podemos permitirlas. Tenemos que ser sensibles con la calidad humana. Cuando los peruanos están afuera, son absolutamente vulnerables. El cónsul o la cónsul cumplen su trabajo. Yo no defiendo ni ataco a nadie. Eso no lo prepara la cónsul, eso viene desde Lima", agregó.
Luego de la llegada de los primeros 34 peruanos deportados por Estados Unidos, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, informó que con la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Leslie Urteaga, se conformará una comisión multisectorial que influirá en la toma de decisiones referidas a estos connacionales afectados.
También solicitó a los peruanos acudir a los consulados para conocer sus derechos en caso atraviesen una situación de deportación en EE.UU.
Asimismo, se supo que de los 34 compatriotas deportados desde el estado de Texas, 23 fuero varones y 11 mujeres. De acuerdo con Perú 21, el Ministerio de Relaciones Exteriores proporcionó vehículos para trasladar a 15 de los peruanos deportados a albergues temporales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), pues no tenían un domicilio al cual ir o porque eran de regiones. El resto fue a viviendas de familiares.





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