El personal de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detuvo a Edith Lucrecia Suyco Huamani de Vilca, una proveedora de alimentos a la cocina del penal de Socabaya, en Arequipa, que intentó ingresar 48 celulares camuflados al interior de baldes de cera para piso.
Huamani de Vilca era una de las encargadas de llevar verduras y otros insumos para alimentar a los internos del centro penitenciario, pero además de su encargo usual, intentó ingresar seis contenedores de cera, lo que llamó la atención de los agentes de seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP)
Fueron dentro de esos 6 contenedores que los efectivos encontraron 48 celulares. También encontraron 16 cargadores, siete bolsas con cables USB y 11 paquetes con contenido no identificado hasta el momento.
La policía sospecha que el destino de los celulares sería alias "lobo", ya que su nombre estaba escrito en uno de los paquetes con teléfonos. Se pudo conocer que la mujer detenida es actual pareja del interno Guillermo Casa Quico, quien labora en la cocina del penal. El hallazgo de los dispositivos que están prohibidos, fue comunicado a la policía y al fiscal de turno.
A finales de junio, los internos del penal de máxima seguridad 'Castro Castro', ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, fueron grabados usando sus celulares en diferentes espacios del pabellón 02 de dicho establecimiento penitenciario.
Esto podría llevar a pensar que los presos del penal 'Castro Castro' mantienen comunicaciones para cometer actos delictivos como la extorsión. Al respecto INPE comunicó que identificó a un interno que hacía un uso indebido del celular y que este fue sometido a un proceso administrativo disciplinario que concluyó en el traslado "a un penal de mayor contención".
Sin embargo, hay muchos otros presos que disfrutan la falta de control y requisas en los penales, y por ello no tienen reparos en mostrarse limitados de utilizar sus celulares pese a estar dentro de las rejas.
A mediados de junio, el INPE fue declarado en estado de emergencia. Esta declaratoria permite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) emitir un Decreto de Urgencia para autorizar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la transferencia de recursos necesarios para la construcción de una nueva cárcel para delincuentes de máxima seguridad.
La implementación del presupuesto permite la creación de un establecimiento penitenciario para 10,000 internos de alta peligrosidad, así como la construcción de un centro penitenciario temporal para procesados con capacidad para 16,000 reclusos. Asimismo, el financiamiento permitirá culminar la construcción de otras cárceles, como el mega penal de Ica, con una capacidad superior de 3,000 internos.
El Ministerio de Justicia será autorizado para realizar las gestiones de implementación del método de contratación de gobierno a gobierno (Ley de Contratación) y el Convenio de Administración de Recursos.