PJ ordena a la PCM entregar planes operativos de la PNP usados durante protestas contra Boluarte
La investigación del Poder Judicial busca determinar una "posible violación de derechos humanos" por parte del Estado durante las manifestaciones contra Dina Boluarte del 2022 y 2023.
A través de un comunicado, el Poder Judicial ordenó a la Presidencia del Consejo de Ministros, así como al Ministerio de Defensa y de Interior, entregar los planes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) elaborados para el control de las protestas ocurridas en el interior del país entre los años 2022 y 2023. Según la entidad, la investigación busca determinar una posible violación de derechos humanos por parte del Estado.
"La decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Marín, que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas (PCM, Mininter y Mindef), en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros", se lee en el comunicado.
La resolución también precisa que la medida busca esclarecer la responsabilidad de la presidenta y de sus entonces ministros en los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Sin embargo, el Poder Judicial también señala que los documentos donde se detallan los planes operativos no serán de acceso público.
"La información remitida por los Ministerio del Interior y Defensa debe ser mantenida con la reserva para quienes no son parte, exigida por la ley procesal, y el cuidado que requieren los temas que abordan", se explica en el fallo.
Fiscalía investiga asesinatos durante protestas contra Boluarte
El Ministerio Público ha informado que está llevando a cabo 62 investigaciones relacionadas con delitos contra la vida y violaciones a los derechos humanos perpetrados por miembros de las fuerzas policiales y militares durante las protestas en Perú, ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Esta información proviene de un informe elaborado por el Observatorio de Criminalidad.
Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ministerio Público elaboró un informe detallado y actualizado que registra 766 víctimas, de las cuales 50 fallecieron y 716 resultaron heridas. El Equipo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas en Protestas Sociales (EFICAVIP), establecido el 31 de marzo de 2023, está a cargo de estas investigaciones.
En el informe, titulado ‘Actuación Fiscal del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales’, se señala que solo el 19.6% de las investigaciones han sido formalizadas en diversos distritos fiscales, mientras que el 90.3% han sido catalogadas como complejas. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, y la región sur del país concentra la mayor parte de las muertes y lesiones.
PUEDES VER:Protestas contra Dina Boluarte y el Congreso: organizaciones afianzan movilizaciones en julio
Oficiales del Ejército acusados de homicidios en Ayacucho
El Ministerio Público investiga a 20 oficiales del Ejército acusados de homicidio durante las protestas antigubernamentales en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. La fiscal provincial Mirela Coronel Molero emitió una resolución el 7 de junio de 2023, formalizando la investigación contra 36 oficiales y subalternos por el asesinato de 10 ciudadanos en Ayacucho.
Coronel identificó a siete oficiales que actuaron como cadena de mando y les atribuyó el presunto delito de homicidio calificado por omisión impropia, ya que no impidieron los disparos. También individualizó a 20 presuntos autores directos del homicidio calificado con alevosía de siete víctimas. Los uniformados involucrados pertenecían principalmente a la 2° Brigada de Infantería en Ayacucho y a la IV División del Ejército en el VRAEM.
