El congresista Alejandro Muñante, exmiembro del partido Renovación Popular, ha promovido el Proyecto de Ley N° 5073/2022-CR. Esta iniciativa, apoyada por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, busca establecer medidas para regular la prestación de servicios educativos de gestión privada. Sin embargo, las implicaciones de esta propuesta han generado controversia debido a sus posibles efectos negativos en el sistema educativo. Además, se sabe también que los coautores de la propuesta son: Jorge Montoya, José Cueto, Javier Padilla, Jorge Zeballos, María Jáuregui.
Altanería. Muñante, ex de Renovación Popular, en su momento fuevicepresidente de la Comisión de Justicia. Foto: difusión
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Según el parlamentario este Proyecto de Ley N.º 5073/2022-CR tiene como objetivo principal combatir la informalidad en la prestación de servicios educativos de educación básica de gestión privada. Según el documento, "la presente ley tiene por objeto perfeccionar el derecho fundamental de la educación como un servicio público, así como modificar los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 14, 16, 17, 18 y 21 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados". No obstante, esta iniciativa ha sido criticada por algunos sectores que señalan que las nuevas regulaciones podrían dejar a muchos alumnos fuera del sistema educativo debido a problemas financieros. El artículo 16.9 establece que:
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El proyecto de ley también incluye disposiciones que podrían reducir la autonomía de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) en cuanto a la fiscalización y control de las instituciones educativas privadas. Según el texto del proyecto, "el Ministerio de Educación cuenta con competencia para establecer los requisitos, las condiciones y los plazos aplicables a los procedimientos de:
Esta centralización del control podría limitar la capacidad de las UGEL para responder de manera eficaz a las necesidades locales, afectando así la supervisión y regulación descentralizada.
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La implementación de este proyecto de ley podría tener efectos adversos en la oferta educativa y en el acceso de los estudiantes a la educación privada. Según el análisis del impacto económico del decreto, el impacto económico se traducirá en:
Además, el artículo 16.1 estipula que 'la institución educativa privada puede retener los certificados de estudios, libretas de notas y demás documentos de evaluación correspondientes a los grados de estudios no pagados', lo cual podría perjudicar gravemente a los alumnos y sus familias al dificultar su continuidad educativa.
El proyecto de ley promovido por Alejandro Muñante ha generado un debate significativo sobre su eficacia y las consecuencias reales que podría tener en el sistema educativo peruano, cuestionando si realmente se logrará una mejora sustancial en la calidad y equidad de la educación.
Las fases de un Proyecto de Ley en el Congreso del Perú se desarrollan en varios pasos esenciales para asegurar su análisis y aprobación. A continuación, se detallan estas etapas:
Estas fases aseguran un proceso riguroso y participativo, garantizando que las leyes sean producto de un análisis exhaustivo y un debate democrático.