“Me mataron a mi mano derecha y dejaron a mis cuatro nietos sin padre. Quiero justicia”, dice Walter Gómez mientras aprieta los puños, ya que no comprende por qué dos delincuentes extranjeros se ensañaron con su hijo Michael Gómez García (33) en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo, en el Rímac.
Este asesinato, ocurrido el domingo último, refleja el desdén del Estado hacia los pueblos indígenas que a pesar de vivir –en el caso de los shipibo-konibos– a solo 20 minutos de Palacio de Gobierno siguen desprotegidos.
Con indignación, los vecinos de Cantagallo cuentan que nada de esto habría ocurrido si la noche del sábado, horas antes del crimen, los policías de la comisaría de Piedra Liza hubiesen llegado a la comunidad para arrestar a los dos delincuentes que ellos mismos lograron capturar.
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“No vinieron y los venezolanos se escaparon. Pero a las 9 de la mañana del domingo, volvieron para tomar venganza y le dispararon al hermano Michael, a pesar de que él ni estuvo en su detención del día anterior”, dijo el dirigente de la comunidad de Cantagallo, Vladimir Inuma.
Él junto con sus hermanos shipibos que tenían pancartas en la mano– salieron a pedir justicia para los deudos de Michael y exigieron mayor seguridad. Y es que no solo la PNP los desprecia sino que la Municipalidad del Rímac no mantiene operativo el puesto de vigilancia las 24 horas.
Hace 20 años, Michael Gómez García, junto con su padre, dejó su pueblo de Puerto Firmeza, en el distrito de Yarinacocha, provincia ucayalina de Coronel Portillo, para encontrar oportunidades en Lima. Tras acabar sus estudios en el colegio Leoncio Prado, él se dedicó a trabajar como almacenero en una empresa privada. Y lo tuvo que hacer porque cuando tenía 23 años se convirtió en padre.
Reclamo. Shipibos se sienten abandonados por el Estado. Foto: difusión
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“Michael era tranquilo, trabajador, buen padre y le gustaba jugar fulbito: era hincha de la ‘U’”, cuenta la esposa de la víctima, Rosario Pilar Lomas Cervantes, quien se encuentra preocupada porque se ha quedado sola con sus cuatro hijos de 10, 7, 5 años (mujer) y el último de 5 meses.
La mañana del crimen, como todo domingo, Michael salió a jugar fulbito cuando fue interceptado por los sujetos venezolanos que en solo segundos le asestaron dos disparos, uno de ellos le cayó en el abdomen, y huyeron. Tras los balazos, los vecinos de Cantagallo salieron y trataron de auxiliarlo, pero ya era tarde.
Los restos de Michael Gómez fueron retirados de la Morgue Central ayer a las 2 de la tarde. Luego fueron trasladados a la comunidad de Cantagallo, donde fueron velados por sus familiares, vecinos y amigos. Por la noche, su féretro partió hacia Pucallpa para luego ser llevado al distrito de Yarinacochas. “Va a ser enterrado junto a su abuelo acá en Puerto Firmeza”, dijo su tío Federico Gómez.
Anoche, tras los pedidos de justicia, el tercer despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Lima Centro abrió investigación preliminar contra Irfran Rivero Cardoza (venezolano) y otro más por el presunto delito de homicidio en agravio de Michael Gómez. Así, se ha dispuesto realizar diligencias urgentes e inaplazables.
El padre y la esposa de la víctima pidieron cadena perpetua para los asesinos de Michael. “Mis cuatro pequeños se quedan huérfanos y abandonados”, dijeron. Ellos brindaron el celular 985992966 para cualquier apoyo. En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene coordinando que se les dé un beneficio económico por orfandad. Eso es urgente.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, se comprometió a coordinar que haya mayor seguridad en la zona de Cantagallo.
Y es que no es la primera vez. En abril del 2023, la lideresa y artesana de Cantagallo, Olinda Silvano, fue amenazada de muerte por extorsionadores extranjeros que le exigían el pago de 2.000 soles para no atentar contra ella y sus familiares. El pueblo shipibo-konibo necesita protección del Estado.reclamo. Shipibos se sienten abandonados por el Estado.