El comisionado de la Defensoría del Pueblo en Puno, Jacinto Ticona consideró que no hay condiciones para que la presidenta Dina Boluarte arribe a Puno. Explicó que aún están abiertas las heridas por la muerte de 21 personas por la represión policial en enero de 2023.
Ticona se pronunció por el posible arribo de la mandataria, a propósito del anuncio del prefecto Gilmer Sardón, quien aseguró que está en camino acciones para que Boluarte, arribe al altiplano en las próximas semanas.
El representante de la Defensoría, pidió que no se genere más polarización de la que existe contra el gobierno. Aseguró que el arribo a la fuerza de la mandataria podría despertar una ola de rechazo y generar enfrentamientos con la Policía Nacional.
Consideró que las autoridades locales deben evaluar si existe o no condiciones y si es pertinente que Boluarte arribe a esta parte del país, sea cual sea la razón o circunstancia. "Lo que hay es una calma aparente después de todo lo que se ha vivido. No se puede descartar nuevos enfrentamientos", advirtió el funcionario.
El comisionado precisó que antes que se adopte una decisión se medite mucho porque en Puno no han acabado las protestas y el descontento contra el gobierno es latente.
Por su parte Jaime Machaca, teniente gobernador del distrito de Laraqueri, señaló que Boluarte provoca a la ciudadanía y está manchando el honor de las instituciones castrenses. "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Mucho daño nos ha hecho y permitir que venga sería una provocación. Al puneño se le respeta".
El rechazo al gobierno no solo se da contra la llegada de la presidenta Boluarte, también hay cuestionamientos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Los pobladores de los poblados afectados por la contaminación en la cuenca Coata, cuestionan a la cartera ministerial porque está estancado el proyecto integral para poner fin a la contaminación. Este incluye obras de saneamiento básico.
El paro de 48 horas fue convocado para el 11 y 12 de setiembre. El dirigente Félix Suasaca, presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por los Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias Tóxicas, refirió que la medida es preventiva. Explicó que dicho proyecto que está valorizado en S/64 millones, fue priorizado para
que sea aprobado en la Ley de Presupuesto del 2023. La adjudicación a la empresa ejecutora debió concretarse a más tardar en abril de este año, sin embargo el proceso quedó a la deriva.
El dirigente sostiene que las poblaciones beneficiarias son el centro poblado Carata, además de las comunidades Carata, Llachahui y sus sectores de Pojsin, Putucuni Candile, Chinche, Queata, Coatasi Lluco e Itarata. Son más de 5 mil habitantes que requieren de este proyecto.
Ante la falta de esto servicios esenciales, los pobladores de Coata estuvieron consumiendo agua de pozos, ojos de agua u otras fuentes. No obstante, estas no son aptas para el consumo humano porque también están contaminadas con metales pesados y otras sustancias.
Por su parte, el alcalde del centro poblado Carata, Nicolás Coari Suasaca, indicó que se siente burlados por el Gobierno y el MVCS, ya que la buena pro para este proyecto se ha postergado 11 veces desde que se anunciara su licitación. La última reprogramación fue fijada para el 19 de septiembre, pero lo pobladores ya no confían en
la entidad.