Un hallazgo de la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión del Congreso de la República durante la inspección a los avances de las obras de prevención en las quebradas de Trujillo fue observar que se estaba pagando supuestamente por trabajos aún no realizados.
Esto se agrava en el caso de la quebrada San Carlos, donde la subcontratista MPM S.A. suspendió en febrero su intervención en los diques transversales de retención, planteando una rescisión de contrato.
Se informó que se habría cobrado adelantado por avances que físicamente no se observan. Al respecto, el consejero regional Ever Cadenillas se preguntó cómo se hará para recuperar lo que se ha pagado, entendiendo que se tendría que ejecutar la carta fianza.
Al parecer, en todos los proyectos se adelantó el 15% para que empiecen a trabajar. Es decir, con los recursos del Estado. La empresa está yendo a un litigio en el Poder Judicial y se muestran reacios a que se disponga de la carta fianza, aunque se adelantó que esta semana se buscará la posibilidad de un arbitraje para dar solución a este problema que ha llevado a paralizar los trabajos.
Cadenillas mostró su preocupación porque no se están observando los avances que se deberían tener como resultado del contrato de Gobierno a Gobierno (GxG). “El que está quedando mal ante los liberteños es el Reino Unido, que está a cargo de los proyectos, y han contratado al Consorcio Besalco Stracon y estos a otras empresas como subcontrata”, dijo. De los 35 diques proyectados, solo se han cumplido 17.
Preocupación. Quebrada San Idelfonso, que tiene un costo total de S/411.878.851,88 tiene un devengado acumulado —derecho a recibir alguna retribución por desarrollar un trabajo— de S/122.444.206,73 y tiene un avance financiero de 29,7% y físico de 24,8%.