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Sociedad

Usó nombre de San Marcos y pidió préstamo de S/90.000 a Scotiabank, ahora irá a la cárcel

El hombre usó documentos falsos de la UNMSM para acceder a un crédito bancario de S/90.000. Se presentó como profesor universitario de dicha casa de estudios ante el banco Scotiabank.

larepublica.pe
Condenaron a sujeto por pedir préstamo con documentos falsificados de UNMSM. Foto: composición LR / Andina / Difusión | Andina / Difusión

Sentencian a 10 años de cárcel a Ricardo Zapata López, quien solicitó un crédito bancario a Scotiabank para pedir un préstamo de S/90.000, utilizando documentos falsificados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La sanción incluye el pago de S/2.000 de reparación civil a favor de la entidad bancaria y de la UNMSM, además de la devolución de la cifra prestada.

¿Cómo se realizó el delito?

Para solicitar el crédito a Scotiabank Perú S. A. A., Ricardo Zapata utilizó una hoja de autorización membretada falsificada de la Oficina General de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, incluyó boletos de pagos, en los cuales se indicaba que era docente permanente de la Facultad de Ciencias Económicas de la casa de estudios. Tales papeles correspondían a septiembre, octubre y noviembre del año 2018.

A partir de ello, era posible que Zapata acceda a un crédito bancario con descuento, debido a estar en planilla, y que realice el desembolso el día 29 de diciembre de 2018.

¿Cómo operó la justicia por caso Scotiabank?

Para determinar la responsabilidad del acusado, la fiscal adjunta provincial Guisela María Meza Molina presentó las pruebas que evidenciaban el hecho delictivo ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal Permanente de La Molina y Cieneguilla.

Entre las evidencias se mostraron: la copia certificada de las boletas de pago falsificadas, copia certificada del documento denominado solicitud de contrato, hoja de resumen de préstamo personales, la constancia de verificación biométrica, el registro del movimiento bancario, entre otros documentos.

A partir de ello, el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Lima Este logró que se imponga la condena de 10 años de pena privativa de libertad, además de los pagos correspondientes por reparación civil a las entidades implicadas.