El Ministerio de Justicia, a través de su procurador Erick Villaverde, ha denunciado ante la Fiscalía a la arqueóloga Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica de Caral (ZAC), por —supuestamente— haber cometido delitos de peculado doloso y rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en cuestión en agravio del Estado. Esto tras no entregar un inmueble que ocupa la ZAC desde el 2007.
La denuncia le ha causado sorpresa e indignación a la reconocida defensora de Caral. Y es que, desde el año pasado, viene solicitando un lugar donde trasladar los cientos de piezas descubiertas —que tienen más de 5.000 años de antigüedad— debido a que el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), del Ministerio de Justicia, subastó y vendió, en diciembre pasado, un local de La Molina que había sido acondicionado por los investigadores para que el material de la cultura Caral se conserve de forma adecuada.
Shady reitera que el Pronabi vendió el predio pese a la existencia del Decreto Supremo n.° 001-2021-JUS, el cual indica que los ‘‘inmuebles que hayan sido asignados en uso temporal antes de la entrada en vigencia de la norma podrán asignarse definitivamente a aquellas entidades públicas que los ocupan durante un plazo no menor de 10 años continuos’’. Y, en efecto, la ZAC viene funcionando en la vivienda desde hace más de 15 años.
Ruth Shady Solís estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: Andina
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El Minjus estaba enterado de toda esta situación, manifiesta la arqueóloga. Es más, luego de que La República diera a conocer el latente riesgo que corrían las piezas históricas de Caral de terminar en la calle, el ministro de Justicia, José Tello, un representante del Pronabi y la titular del Ministerio de Cultura, Leslie Urteaga, se reunieron con Shady; y Tello les dijo allí que ‘‘no se preocuparan’’, cuenta.
“No puedo comprender cómo el procurador del Ministerio de Justicia puede denunciarme por peculado doloso cuando lo que quiero evitar es que se maltraten los materiales históricos que allí analizamos. Estamos buscando otro local’’, dice.
Asimismo, agrega que el Ministerio de Cultura les ha ofrecido espacios a donde mudarse, pero recién para fines de abril. Mientras tanto, el peligro de ser desalojados continúa presente.
También explica que, pese a haber enviado documentos permanentemente al Minjus para que haya algo de comprensión, su procurador ‘‘no les ha hecho caso’’. A él se suma la coordinadora del Pronabi, Úrsula Tejada, quien desde hace años busca el desalojo del inmueble a pesar de los pedidos de Shady por la importancia que tiene cada pieza. ‘‘Están haciendo daño al patrimonio cultural’’, expresa indignada.
El Minjus no ha tenido en cuenta los pedidos de la arqueóloga. Ella ha sido citada para el 3 de marzo.