Los desmanes registrados durante las protestas de diciembre del 2022 propiciaron que el Ministerio Público inicie una investigación preliminar contra 60 personas, aparentemente, implicadas de alguna u otra forma en los excesos cometidos en las diferentes localidades de la región Arequipa. Aquellos días, más allá de las manifestaciones que forman parte de los derechos ciudadanos, también hubo saqueos, destrucción de bienes públicos y privados, bloqueo de vías e, incluso, edificios de diferentes entidades fueron quemados.
Ante estos hechos, la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada empezó acciones con base en los informes de inteligencia de la Policía Nacional, institución que identificó —de diferentes maneras— a 50 ciudadanos, entre dirigentes mineros artesanales, transportistas y otros, que participaron cumpliendo, aparentemente, distintos roles: desde el financiamiento hasta las incursiones en los desmanes provocados en diversos días y provincias de Arequipa.
De acuerdo con la disposición n.° 02-2022 del caso 128-2022, los presuntos delitos perpetrados durante diciembre del 2022 serían: organización criminal y fabricación y tenencia de materiales explosivos; contra la tranquilidad pública (disturbios), los medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos – atentado contra los medios de transporte de servicio público; y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.
La toma de declaraciones comenzaron el 2 de enero y se prolongarán hasta el 11 del mismo mes. Estas labores están a cargo de agentes de la Sección de Investigaciones Especiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, quienes desarrollarán su trabajo de manera virtual o presencial, de acuerdo con la ubicación del citado.
Según la indagación que se encuentra a cargo de la fiscal Alejandra Cárdenas Ávila, existen indicios encontrados desde el 10 de diciembre de que mineros artesanales de Calpa y Mollehuaca, en la región Arequipa, y Relave, en Ayacucho, habrían planificado, concertado y organizado actos para cometer una serie de delitos contra la paz pública.
Luego de ello bloquearon la Panamericana Sur tras convocar a 8.000 personas, mientras que un grupo de dichos protestantes ingresaron al pueblo de Chala, en la provincia de Caraveli, obligando a cerrar todos los establecimientos de atención al público.
Similares conductas se habrían perpetrado en los distritos de Ocoña, Camaná, Mariscal Cáceres y Mariano Nicolás Valcárcel de la provincia de Camaná, por parte de manifestantes de la base de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y contratistas de Secocha-Urasqui.
La investigación preliminar también revelaría que los mineros artesanales se dirigieron al local de la Fiscalía Provincial de Camaná, en el que provocaron daños a la infraestructura y documentos. Después prosiguieron su marcha llegando a la sede del Poder Judicial y de la Sunat, donde causaron perjuicios a la propiedad, seguidamente bloquearon el km 853 de la Panamericana Sur con piedras y llantas.
Posteriormente, tomaron las instalaciones del Peaje Covinca SA y quemaron las instalaciones. Asimismo, originaron daños en el local de Aduanas, lugar que fue saqueado e incendiado, así como en viviendas aledañas.
La lista de hechos que ocurrieron durante aquellos días de descontrol continúa. En razón de todo esto, la Fiscalía dispuso identificar a los policías heridos durante los disturbios. Además, solicitarán información de todos los citados, como antecedentes policiales, récord migratorio, registro único de contribuyentes, entre otros.