Marcos Gasco: Procuraduría pide reparación civil de más de S/ 374.599 a investigados por caso Veolia

El procurador Jorge Carnero Cueva, de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque, ha solicitado una reparación civil de S/ 374.599,71 contra el alcalde provincia de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y otros investigados, por el presunto delito de colusión agravada en el marco del caso Veolia.

La República accedió al escrito presentado por el procurador ante el Poder Judicial, donde se detalla que la reparación civil es por los siguientes montos y factores: S/ 249.733,14 (perjuicio económico) y S/124.866, 57 (indemnización por daños).

La pretensión económica toma en cuenta la pericia contable, de fecha 3 de junio de 2021, que concluye que las irregularidades en la contratación de la empresa Veolia para el alquiler de 10 compactadoras ocasionó un perjuicio de S/ 249.733.14 en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh).

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Algunos de los criterios considerados por la Procuraduría giran en torno a la gravedad del ilícito, la ubicación de los imputados en la entidad estatal, el impacto del hecho mediato y los derechos vulnerados con relación al público afectado.

La Procuraduría ampara su pretensión en los artículos 11 y 93 del Código Procesal Penal, los cuales precisan que “la reparación comprende la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor” y “si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso”.

Caso

El 1 de abril de 2022, la fiscal anticorrupción Karim Ninaquispe Gil solicitó una pena privativa de la libertad efectiva de 6 años contra Gasco Arrobas. Alternativamente, se planteó una pena de 4 años de prisión contra la exautoridad por el delito de negociación incompatible.

En este caso, la Fiscalía también ha acusado a los siguientes exfuncionarios: Cristian Rosenthal Ninpaytan (exgerente general) Cinthya del Milagro Flores Humanquispe (exgerente de Asesoría Jurídica), José Flores Cabanillas (exgerente de Asesoría Jurídica), Ricardo Romero Rentería (exgerente municipal), Luis Ponce Ayala (exgerente de Planeamiento y Presupuesto), Juan Ibáñez Álvarez (exgerente de Administración y Finanzas), Edgardo Siaden Ortega (exsubgerente de Logística y Asuntos Internos), Adriana Ghersi Burga (exgerente de la Unidad de Residuos Sólidos) y Óscar Ahumada Ramos (exjefe del centro de Gestión Ambiental).

Además, han sido acusados en calidad de cómplices Juan Andrés Bendezú Zevallos y Ralph Montoya Vega (representante de Veolia). Para todos los mencionados, la magistrada también pide seis años de cárcel por el delito de colusión, y propone la misma condena alternativa.