La tarea pendiente del nuevo Gobierno y del Congreso de la República

Por: José Carlos Ortega

Mario López Huanca, líder ashaninka de la comunidad nativa Shirarine y defensor ambiental, sufrió un atentado a inicios de junio de este año. Lamentablemente, falleció a finales de ese mes en el Hospital Regional de Ucayali, producto de las heridas ocasionadas por perdigones. Este es el último caso registrado que está vinculado a asesinatos de defensores del medio ambiente en la Amazonía peruana.

Este caso no es aislado pues el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contabiliza, desde abril de 2020 hasta agosto de 2021, diez asesinatos de defensores y defensoras indígenas. Las amenazas y/o actos de agresión están relacionados a la precaria eficacia de los mecanismos de protección estatales que preservan la vida de las y los defensores ambientales frente a la constante presión de sectores extractivistas sobre los territorios indígenas.

Por ello, el 28 de julio la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases regionales solicitaron al nuevo Gobierno un mecanismo intersectorial de protección a favor de los defensores indígenas. Existe la necesidad de que el nuevo Gobierno respalde las demandas de las organizaciones indígenas e implemente estrategias efectivas que aseguren la vida e integridad física ante el incremento de amenazas y asesinatos de defensores indígenas.

Desde la suscripción de nuestro país, en setiembre de 2018, del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe”, denominado Acuerdo de Escazú, el Poder Legislativo aún no ratifica este tratado internacional.

El Acuerdo de Escazú brinda un marco normativo que garantiza mecanismos que promueven la participación de personas naturales y jurídicas en diversos procedimientos relacionados a la protección del medio ambiente y al manejo de los recursos naturales. Asimismo, reconoce y garantiza la protección de las defensoras y los defensores del ambiente. Este tratado no solo protegería el valioso ecosistema amazónico, sino también el futuro de las poblaciones residentes en la cuenca amazónica y la vida de los defensores y las defensoras del territorio amazónico.

La nueva gestión gubernamental tuvo voces a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Una de ellas fue Héctor Béjar, excanciller, quien se comprometió a inicios de agosto a impulsar la ratificación de este tratado. Además, el actual ministro de RREE, Oscar Maurtua de Romaña, firmó como presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en julio del 2020 un pronunciamiento a favor de la ratificación de este tratado internacional.

Aunque ello podría significar un respaldo al Acuerdo, la nueva gestión gubernamental peruana requiere urgentemente de las voces de los y las defensores indígenas, voces y propuestas que se escucharon en la última COP26 a través de la Declaración de Glasgow sobre metas para la protección de defensores y defensoras. Son cinco metas orientadas a la acción para adoptar medidas impostergables para proteger a esta primera línea de defensa del bosque amazónico.

En el Bicentenario de nuestra República, el nuevo Gobierno tiene la tarea de proteger de manera efectiva a la población que vive y depende del bosque amazónico. La participación indígena amazónica es prioritaria para erradicar una única visión de desarrollo económico basada exclusivamente en la extracción de recursos naturales. El congreso tiene pendiente ratificar el Acuerdo de Escazú, pues así se reforzaría una mejor gobernanza de los recursos naturales y la protección a quienes protegen el medio ambiente.

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