Los consejeros regionales fueron convocados el 10 de noviembre para debatir la suspensión en el cargo del gobernador de Puno, Agustín Luque. Contra la autoridad existe un pedido formal de suspensión de 120 días en el cargo porque en 2020, no cumplió con instalar, por lo menos una vez cada dos meses al comité de seguridad ciudadana. Según la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, es una causal de suspensión.
En enero de 2021 ya hubo un pronunciamiento de los fiscalizadores. Siete votaron a favor, diez se abstuvieron. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló dicho acuerdo porque transgrede la ley de Gobiernos Regionales. No está permitido la abstención. Por eso mediante resolución N° 0820 -2021, donde el JNE anuló el primer acuerdo que salvaba a Luque y dispuso un nuevo pronunciamiento a los consejeros.
Por esa razón, los fiscalizadores ahora deberán pronunciarse de nuevo y fundamentar su voto, sea a favor o en contra.
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Según el consejero Severo Vidal Flores Ccopa, está acreditado que Luque no convocó a reuniones en temas de seguridad ciudadana.
“Lo único que podrían decir es que sí hubo reuniones y si ocurre ello sería el colmo. No tenemos nada personal. Lo que estamos exigiendo es que se cumpla la ley”, dijo.
La decisión que se tome podrá ser apelada nuevamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la última palabra.
Si se aprueba la suspensión de Agustín Luque, su ejecución no sería inmediata. La autoridad podría apelar.