
Luego de una larga espera, el Ministerio Público y Ministerio de Justicia darán inicio al convenio para el análisis de cien restos óseos de personas no identificadas que fallecieron la época del terrorismo. Estos procedimientos fueron postergados debido a la pandemia de la COVID-19.
Dentro del marco del convenio entre ambas instituciones, se llegó al acuerdo que la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas cooperaría con la compra de materiales, insumos y reactivos para el procesamiento de los cuerpos con sus respectivas muestras de referencia en las etapas de pretratamiento, extracción de ADN y PCR.
Asimismo, se haría cargo de la contratación de un profesional biólogo que realizará dichos procedimientos.
Por parte del Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el compromiso asumido fue brindar las instalaciones del Laboratorio de la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho.
Del mismo modo, apoyará los profesionales del Laboratorio de Investigación Forense de Ayacucho para la orientación del profesional del Ministerio de Justicia, así como para la conclusión de los procedimientos analíticos y periciales de los casos seleccionados.
En la primera etapa, se efectuarán las identificaciones de personas desaparecidas en Ayacucho y regiones vecinas, entre los años 1983 y 1991, perpetrados tanto por las Fuerzas Armadas como por el grupo subversivo Sendero Luminoso.
La vigencia del convenio entre el Ministerio Público y Ministerio de Justicia es de tres años, este es el inicio de las labores relacionadas a este acuerdo.

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