Defensoría de Pueblo exige que se realice prueba COVID-19 a hijos de reclusas

A través de una carta enviada al presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Defensoría del Pueblo hizo el pedido de que se le realice la prueba de descarte de infección por SARS-CoV-2 a los hijos e hijas que permanecen con sus madres en las cárceles del país.

Además, también insistió en la situación precaria de salud en la que se encontraban las mujeres internas en estado de gestación dentro de los establecimientos penitenciarios.

“Las personas privadas de su libertad se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al contagio de la COVID-19 dado que viven en espacios confinados con otras personas”, se lee en la misiva oficial.

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La Defensoría del Pueblo exigió que se preste mayor atención a la población de mujeres gestantes y con hijos menores de edad amparándose en el decreto supremo N° 005-2020-JUS, que señala que es posible referir los expedientes de aquellas internas vulnerables para tramitar un indulto común y por razones humanitarias.

El documento legal expresa que, incluso, podría ser contemplada la conmutación de la pena, es decir, la reducción de la sentencia.

Al respecto, la institución listó una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los centros penales al momento de enfocarse en la prevención del contagio por SARS-CoV-2.

Entre ella señala: “Priorizar la identificación del número de internas gestantes y madres con hijos e hijas que cumplan con las condiciones señaladas en el Decreto Supremo N°004-202-JUS”; “Priorizar el inicio de oficio de los trámites de indulto común y por razones humanitarias” y “Coordinar con la Dirección General de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (...) [para] impulsar el inicio del trámite de los expedientes de solicitudes de indulto común y por razones humanitarias”.