Chiclayo: detectan perjuicio de S/249 mil en MPCh por contratación de compactadoras

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/249, 750.00 en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) por el procedimiento de selección por contratación directa N° 01-2019-MPCH, denominada “Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos”, debido a que se aprobó al margen de la normativa de consejo municipal y la concurrencia de la legalidad.

Alcalde, regidores y funcionarios

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n°. 029-2019- 2-0425, se señala responsabilidad penal del alcalde provincial Marcos Gasco Arrobas, doce regidores y ocho funcionarios. Los regidores observados son los siguientes: Junior Vásquez Torres, Felipa Orosco Nunton, Ricardo Lara Doig, Pedro Ubillús Falla, Karina Villegas Campos, Carlos Montenegro Gonzales, Javier Montenegro Cabrera, Randy Vegas Díaz, José Nakamine Kobashigawa, María Berna Cleghorn y Andrés Calderón Purihuaman, además del exconcejal Marino Olivera Cruzado.

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Entre los funcionarios cuestionados están Cristian Rosenthal Ninpaytan, ex gerente general y excoordinador del Programa de Incentivo; Ricardo Romero Rentería, ex gerente municipal; José Flores Cabanillas, gerente de Asesoría Jurídica ; Cinthya Flores Huamanquispe, gerente de Asesoría Jurídica (e); Juan Ibáñez Álvarez, gerente de Administración y Finanzas; Luis Ponce Ayala, exgerente de Planeamiento y Presupuesto; Edgardo Siaden Ortega, subgerente de Logística y Asuntos Internos, y Adriana Ghersi Burga, exgerente de la Unidad de Residuos Sólidos.

Esto debido a serias irregularidades en el proceso de contratación directa que firmó la municipalidad con la empresa Veolia Servicios Perú SAC, la cual comenzó con la declaratoria por desabastecimiento inminente del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos, mediante el acuerdo n°.21-2019, aprobado el 28 de febrero de 2019.

El ente de control advirtió que el concejo municipal aprobó por mayoría la declaratoria de emergencia por desabastecimiento inminente sin acreditar dos elementos necesarios para justificar la petición: una situación extraordinaria e imprevisible y la ausencia de algún bien o servicio que comprometa la continuidad de las funciones de la entidad. En su momento, a través del oficio n°. 289-2019, la Contraloría detectó que la declaratoria no tenía sustento técnico y legal.

Pese a estas observaciones, el pasado 15 de marzo fueron 12 los regidores que dieron su voto a favor de ratificar el desabastecimiento inminente, con la única excepción de agregar al acuerdo n° 21-2019 que eran 10 compactadoras las que se pretendía alquilar. El resultado de esta segunda sesión de concejo fue la emisión del acuerdo municipal n°.027-2019 que aprobó la contratación de 10 máquinas compactadoras.

Sobre esto último, el informe de auditoría revela que si bien el acuerdo municipal aprobada la contratación directa para atender el desabastecimiento, la comuna suscribió un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), para el apoyo de maquinaria y personal para mejorar el recojo de residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo. Estos están contenidos en el oficio n°. 012-2019-GR-LAMB/GR del 2 de marzo de 2019.

Más irregularidades

A lo descrito, la Contraloría precisa que la municipalidad vulneró el artículo 101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado que señala que el acuerdo municipal y los informes que lo sustentan deben ser publicados dentro de los 10 días hábiles de su emisión. Sin embargo, la comuna reciben publicó dichos informes del 3 de abril de 2019, es decir 19 días después, desde el 15 de marzo.

Lo anterior genera cuestionamiento teniendo en cuenta que la contratación directa n° 01-2019-MPCH finalmente se hizo efectiva con la entrega de la buena pro, el pasado 5 de abril, a la empresa Veolia por la suma de S/1’896,750.00, por un plazo de 3 meses.

Otra grave observación, de acuerdo al órgano de control, es que el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2019 se modificó (a fin de poder realizar el alquiler) con una resolución de gerencia que no tenía fecha. Además, se considera que el importe de pago superó el valor de S/1’775,000 que se aprobó inicialmente en el expediente de contratación. Estos hechos también fueron advertidos en el informe n°.001-2019 del Órgano de Control Interno (OCI).

Finalmente, la Contraloría indica que se admitió y calificó la propuesta de la empresa Veolia, pese a que no cumplió requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases de contratación directa, a quien se le otorgó la buen pro por un monto mayor a lo estimado.

Cabe precisar que este caso es investigado por la fiscal anticorrupción Karin Ninaquispe Gil en cuanto a presuntas irregularidades que se habrían cometido en el alquiler de compactadoras.