A través de una auditoría, la Contraloría General determinó que 13 ex funcionarios de la Subregión Pacífico y del Gobierno Regional de Áncash incurrieron en presunta responsabilidad civil, penal y administrativa; tras gestionar y pagar más de S/ 2 millones por una obra que nunca se ejecutó en Chimbote.
Estos servidores pagaron el monto de dinero; a pesar de las deficiencias en la administración del contrato para la elaboración, aprobación del expediente técnico y ejecución de la obra de mejoramiento de pistas y veredas en la avenida Los Pescadores.
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El contrato para la ejecución de la obra fue suscrito por la Subregión Pacífico en el 2012, por un monto de inversión de más de S/ 32 millones y con un plazo de ejecución de 300 días calendario.
Habiéndose cumplido el plazo para la entrega del expediente técnico, los exfuncionarios no requirieron su presentación; tampoco aplicaron las penalidades correspondientes por el retraso injustificado y no comunicaron la resolución del contrato por incumplimiento.
Por su parte, el Consorcio Los Pescadores a cargo del proyecto resolvió el contrato y solicitó indemnizaciones acogiéndose al silencio administrativo.
Y pese a que la obra no se ejecutó y el laudo arbitral no determinó el monto a liquidar por no ser competente, la Subregión Pacífico y ex funcionarios de la Región Áncash realizaron modificaciones presupuestarias sin sustento y pagaron la liquidación del contrato presentado por el contratista.
El informe fue entregado al titular del Gobierno Regional de Áncash, para que disponga, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, el inicio de las acciones administrativas contra los exfuncionarios.
El Consorcio Pescadores está integrado por las empresas Afena Contratistas Generales, J&E Ingenieros Consultores y Luis Omar Sánchez Arteaga.