Lava Jato en el Perú: ya hay tres condenas y 16 casos esperan el veredicto de los jueces
La hora de la justicia. Después de ocho años de investigación, llegó el momento del veredicto de la justicia para 110 personas naturales y jurídicas acusadas por el Equipo Especial Lava Jato de actos de corrupción y lavado de activos. Entre ellos los ex presidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, Martín Vizcarra, Susana Villarán, Jorge Acurio, Félix Moreno y César Villanueva.
La trama de corrupción que durante más de 20 años desarrolló la constructora Odebrecht en el Perú se acerca a su desenlace, tras ocho años de una ardua, difícil y complicada investigación. Un caso que involucra a los ex presidentes y líderes de los partidos políticos peruanos, desde el 2001 hasta el 2020, tendrá un lento final que abarcará los próximos cinco años.
Si bien el proceso Lava Jato explotó en Brasil el 2014 y se activaron algunas investigaciones en el Perú, no fue hasta mediados de noviembre de 2016 que el Ministerio Público entró de lleno en este complejo asunto.
En noviembre, el entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, Mauricio Cruz y sus abogados se acercaron al despacho del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde para anunciar que la constructora estaba próxima a declararse culpable de soborno ante las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil sobre hechos de corrupción que incluían al Perú.
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Sin entrar en detalles, Cruz pidió disculpas al pueblo peruano, en la persona del fiscal de la Nación, por los delitos que habían cometido y ofreció toda la cooperación para las investigaciones. Pablo Sánchez los derivó al fiscal provincial Hamilton Castro Trigoso, de la fiscalías supraprovinciales especializadas en delitos de corrupción de funcionarios.
La magnitud de las palabras del superintendente de Odebrecht se empezarían a conocer en las semanas siguientes, cuando la fiscalía de Estados Unidos reveló detalles del acuerdo de reconocimiento de culpabilidad, que incluía al Perú con pago de sobornos por hasta 29 millones de dólares.
Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú
El equipo especial de fiscales
El 26 de diciembre de 2016, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez creó el Equipo Especial del caso Lava Jato bajo la coordinación del fiscal provincial Hamilton Castro, acompañado de los fiscales Sergio Jiménez, Marcial Paucar y Luis Ballón.
El caso se encargó al subsistema anticorrupción porque Odebrecht solo reconocía, posición que mantiene hasta hoy, delitos de corrupción, no lavado de activos y, en un principio, tampoco habló de los aportes a las campañas electorales en el Perú.
Al cabo de dos años, el 31 de diciembre de 2018, el nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry reestructuró el Equipo Especial para poner al frente al fiscal superior coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela Barba y como fiscales provinciales a José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Geovana Mori, entre otros.
El caso dejó de ser uno de delitos de corrupción de funcionarios para poner en el centro de las pesquisas el lavado de activos de los sobornos y los aportes a las campañas electorales realizados por las empresas brasileñas. También cambió la estrategia de la investigación fiscal.
Hamilton Castro buscó la cooperación judicial suiza para negociar con Odebrecht en igualdad de condiciones. Vela y Pérez priorizaron la cooperación de Odebrecht y de la Fuerza de Tarea de Lava Jato en Brasil.
Entre los principales involucrados en la mega investigación aparecen: los ex presidentes Alejandro Toledo Manrique, Ollanta Humala Tasso, Pedro Pablo Kuczynski Godard y Martín Vizcarra, la ex alcaldesa Susana Villarán y los exgobernadores regionales Jorge Acurio Tito, Félix Moreno Caballero y César Villanueva Arévalo.
Las investigaciones encontraron evidencias de que Odebrecht pagó unos 61 millones de dólares, en sobornos en 19 obras de infraestructura en el el Perú, utilizando el sector de Operaciones Estructuradas, la Caja dos. Además, de los aportes a las campañas electorales. La constructora solo reconoció responsabilidad en los contratos de la Interoceánica Sur, Metro de Lima, Vía Evitamiento Cusco, Costa Verde-Callao y Carretera Chacas-San Luis.
Una balance preliminar en el principio de la apatía
Ocho años después de esa tarde de noviembre de 2016, ha llegado el momento de ver los resultados en la estrategia del Ministerio Público. Hamilton Castro ejecutó las primeras prisiones preventivas. El Equipo de Vela y Pérez acordó y firmó 17 acuerdos de colaboración eficaz de Odebrecht, Josef Maiman, Graña y Montero, Obrainsa, ICCGSA y otros.
Sin embargo, no son las prisiones preventivas, ni las colaboraciones eficaces las que definen el éxito o fracaso de la fiscalía. Es la sentencia condenatoria, el veredicto final de culpabilidad que emiten los jueces, el que define todo. La mayoría de los juicios estarán a cargo de los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. Otros casos se verán en los juzgados para delitos de corrupción de la Corte Superior de Lima.
Un aspecto que tal vez nunca se tuvo en cuenta, pero al que los operadores de justicia deberían prestar más atención, es que los juicios empiezan a perder el interés público, de la prensa y hasta del sistema judicial. Las audiencias no ofrecen ninguna revelación conmovedora, más allá de algunos insultos y señales obscenas, que por cierto suelen ser más comunes de los que llegan a los medios y no tienen ninguna trascendencia.
Con cada audiencia y el paso del tiempo, los procesos se vuelven insulsos y aburridos, aun para los operadores judiciales, lo que pierde el efecto resocializador de la publicidad de los procesos judiciales. Solo importará el veredicto final, por unas horas y mientas otro proceso, otros sospechosos, otros aprendices, más actuales generaran más interés.
La primera condenada y ajena
La primera condena de Lava Jato en el Perú no fue un trabajo del Equipo Especial, ni resultado de la colaboración Odebrecht. La consiguió en julio del 2019, el fiscal Elmer Chirre en un trabajo independiente, vía la cooperación judicial de Hong Kong.
El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez recibió una pena de 8 años y tres meses de prisión por coludirse con Odebrecht en el contrato de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. Odebrecht se vio obligada a firmar un segundo acuerdo de colaboración y pagar de inmediato más de S/ 27 millones de reparación civil. La sentencia está firme.
Bonos soberanos y el Ministerio de Economía y Finanzas
La primera condena del Equipo Especial salió el 27 de junio de 2024 contra un ex funcionarios del MEF y dos intermediarios, en una investigación a cargo del fiscal Germán Juárez, por pagos ilícitos para liberar 177 millones de bonos para una obra vial en el Cusco.
El ex funcionario del MEF, Pedro Cobeñas fue condenado a 6 años de prisión, Samuel Campusano Dulanto, 8 años y el abogado Gustavo Montecinos Atao: 2 años y 8 meses de prisión suspendida por delito de cohecho. El veredicto está en apelación.
La carretera Interoceánica
Alejandro Toledo, el primer ex presidente en recibir condena por la corrupción de Odebrecht
Alejandro Toledo, el primer gobierno tras la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, se convirtió, a la vez, en el primer ex presidente peruano en ser condenado por corrupción y lavado de activos, en el caso Lava Jato, en una investigación a cargo del fiscal José Domingo Pérez. La tercera condena de Lava Jato en el Perú, aún está pendiente de apelación.
Toledo, de 78 años, recibió 20 años y 6 meses de prisión por pedir 35 millones de dólares por los contratos del tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur y por limpiar 27 millones de dólares, vía las cuentas y empresas de Josef Maiman. Junto a él fueron condenados ex funcionarios de Proinversión, Alberto Pasco Font y Sergio Bravo Orellana a 9 años de prisión.
El ex presidente Toledo tiene un segundo juicio por las cuentas de la off shore Ecoteva, junto a Eliane Karp, Eva Fernenbung y Avraham Dan On, con un pedido de 16 años de prisión. Más un tercer caso, en control de acusación, de 35 años de cárcel, por pago de sobornos de Camargo Correa, por el tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur.
Alan García y el eterno Metro de Lima
El expresidente Alan García se suicidó el 17 de abril de 2019, a los 69 años, durante la ejecución de una orden de detención preliminar por presuntos actos de corrupción en la construcción del Metro de Lima, una colosal obra que comenzó en su primer gobierno, 1985-1990.
Con su muerte el caso en su contra se archivó, pero la fiscalía continúa investigando si los hechos que involucran al expresidente, 2006-2011, sucedieron para establecer la responsabilidad de Luis Nava Guibert, Luis Nava Mendiola y el empresario Miguel Atala. Entonces, ha muerto, pero vive en los expedientes judiciales.
En tanto, desde el 5 de diciembre de 2022 se desarrolla el juicio al el ex viceministro de comunicaciones del segundo gobierno aprista, Jorge Cuba Hidalgo y los ex miembros del Comité de Licitación Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, entre otros, por un pago de más de 8 millones de dólares, por el tramo 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. Piden 35 años de cárcel para Cuba y los ex miembros del Comité por cohecho, colusión y lavado de activos.
Humala, Nadine y Aportes de campaña.
Ollanta Humala, su juicio concluirá en los próximos meses
Ollanta Humala, a sus 62 años, será el segundo ex presidente en recibir sentencia por el caso Lava Jato. Falta saber si será condenatoria. Sin embargo, no es por actos de corrupción, sino por presunto lavado de activos de los aportes de Odebrecht a la campaña electoral del 2011, por tres millones de dólares. Además, de aportes de Venezuela en la campaña del 2006.
En el juicio está incluida la ex primera dama, Nadine Heredia y dirigentes del Partido Nacionalista Peruano. Falta saber cuánto de la acusación del fiscal Germán Juárez se prueba. Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado tenían la intención de dictar el veredicto a fines de este 2024, pero el juicio se ha entrampado en la lectura de las declaraciones de los ex funcionarios de Odebrecht, que no acudieron a declarar presencialmente.
Lo más probable es que el juicio recién concluya y se dicte sentencia entre enero y febrero de 2025. La fiscalía pide 20 años de prisión para Humala y 26 años para su esposa. Ollanta Humala todavía tiene en investigación el caso del Gasoducto del Sur, dónde los colaboradores de Odebrecht dicen que no hubo corrupción, mientas los operadores nacionales del olvidado "Club de la Construcción" aseguran que que sí hubo.
Más allá de la pena que se imponga a la ex pareja presidencial en el periodo 2011-2016, el veredicto definirá hasta qué punto los aportes de campaña de procedencia ilícita constituyen un acto de lavado de activos. La fiscalía también investiga por delito de lavado de activos en relación con los aportes de campaña de Odebrecht al ex presidente Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuzcynski, Lourdes Flores Nano y dirigentes del Apra.
Pedro Pablo y sus amigos o sus empleados
Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia acorralado por las revelaciones de Odebrecht
El ex presidente Pedro Pablo Kuzcynski, a sus 86 años de vida, enfrenta una acusación de 35 años de prisión por delitos de lavado de activos con agravante de organización criminal. El grupo criminal estaría integrado, de acuerdo con la fiscalía, por su secretaria, su chófer y su socio Gerardo Sepúlveda.
El caso se encuentra en control de acusación. El Poder Judicial acaba de archivar el proceso contra el cuarto integrante: el chófer, al considerar que los actos que habría realizado no encuadran legalmente con un lavador de activos. La fiscalía atribuye a PPK lavar dinero de origen ilícito en actos de corrupción supuestamente generados desde el siglo XX.
Al ser lavado lavado de activos un delito autónomo, la fiscalía considera que solo debe establecer la existencia de la sospecha del delito previo. Para una persona que fue ministro de economía desde la década de los años 60, hay abundantes libros sobre la materia.
Este caso está poniendo en evidencia otro aspecto para el que la fiscalía no tiene respuesta. Los jueces empiezan a pedir explicaciones sobre la edad del acusado, el plazo razonable del proceso para una persona de edad avanzada, que en caso de ser encontrado culpable no podrá cumplir la pena que se le imponga.
Keiko Fujimori rumbo al 2028 y más allá
Keiko Fujimori Higuchi
Aunque no ejerce la presidencia, Keiko Fujimori Higuchi, ex primera dama de la Nación, eterna candidata presidencial y líder de Fuerza Popular es uno de los personajes políticos involucrados en la investigación del caso Lava Jato en el Perú.
La fiscalía la acusa de infiltrar sus partidos políticos, Fuerza 2011 y Fuerza Popular, para lavar dinero de procedencia ilegal proveniente de actos ilícitos realizados por dos empresarios peruanos y la constructora brasileña, por presuntamente liderar una organización criminal para cometer delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsedad genérica y lavado de activos.
El 1 de julio de 2024 se inició el juicio y los cálculos más optimistas no esperan un veredicto hasta antes del año 2028. Es decir que podrá postular de nuevo a la presidencia de la República, sin obstáculos legales, e incluso si al fin logra la victoria, podría cumplir su mandato presidencial mientras los fiscales siguen reuniendo pruebas para probar los cargos en su contra.
Por más que los jueces quieran acelerar el juicio, el avance de las audiencias continuadas depende mucho de la actividad que desarrolle la fiscalía, la procuraduría, los abogados de la defensa, los recursos que facilite el Estado y del poder político de los procesados.
Vizcarra, Lomas de Ilo y el mega caso que no termina de cuajar
Martín Vizcarra comparecerá a juicio por actos realizados como gobernador regional de Moquegua
Este lunes, 28 de octubre, se iniciará el juicio al expresidente Martin Vizcarra, de 68 años, por presunto cohecho no vinculado con Odebrecht, sino con la constructora peruana Obrainsa, por la obra Lomas de Ilo, en el gobierno regional de Moquegua. Vizcarra no es juzgado por actos de su gobierno, sino como gobernador regional, 2011-2014.
La investigación también incluyó el delito de organización criminal, pero la fiscalía desistió por falta de indicios. Los presuntos actos de soborno en la construcción del hospital de Moquegua, quedaron para un segundo juicio. Vizcarra sigue luchando en el sistema constitucional para revertir su inhabilitación del Congreso, pero independientemente los procesos judiciales lo seguirán por muchos años.
Gobiernos regionales
El exgobernador regional de Cusco Jorge Acurio Tito, de 61 años, enfrenta una acusación de 27 años de prisión por favorecer, a cambio de un millonario pago, a la constructora Odebrecht por las obras de la vía Evitamiento Cusco.
Félix Moreno Caballero, gobernador regional del Callao, de 59 años, tiene dos acusaciones en trámite, una de 35 años y otra de 16 años y ochos meses de prisión por favorecer a la constructora brasileña para la construcción de la Costa Verde, Callao. Se le atribuyen los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.
El ex presidente del Consejo de Ministros y gobernador regional de San Martin, César Villanueva Arévalo (78 años), enfrenta un pedido de 33 años de prisión por recibir un presunto soborno de 320 mil dólares, por la construcción de la carretera San José de Sisa, por delitos de colusión, cohecho y participación en organización criminal.
Los casos de Acurio, Moreno y Villanueva están pendientes de control de acusación, el paso previo para el juicio público.
La alcaldesa de Lima
Susana Villarán, ex alcaldesa de Lima
La fiscalía pide 29 años 7 meses de prisión para la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de 75 años, por presunto lavado de activos de 11 millones de dólares que recibió de Odebrecht en las campañas de revocatoria y reelección del 2013 y 2014.
El 21 de septiembre de 2024, el juez Jorge Chávez Tamariz dio por saneada la acusación por 12 presuntos actos ilícitos que involucran a 18 personas naturales y 12 personas jurídicas. Entre las personas jurídicas resaltan Odebrecht, Lamsac, OAS, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otros.
Otros casos
La fiscalía también ha formulado acusación contra Rómulo Peñaranda de Alpha Consult, Juan Carlos Zevallos de Ositran, por 35 años de prisión, cada uno, por actos de corrupción.
