El Tercer Juzgado Constitucional de Lima a cargo de John Paredes Salas declaró improcedente la demanda interpuesta por Patricia Benavides para dejar sin efecto la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que le abrió un proceso disciplinario inmediato y la separó por seis meses del Ministerio Público por presuntamente liderar una organización criminal.
De acuerdo con la resolución judicial, la suspendida fiscal de la Nación no agotó su proceso por la vía administrativa de la JNJ (tiempo prematura), por lo que el Poder Judicial señaló que el Código Procesal Constitucional precisa que no proceden medidas constitucionales si se incurre en esta práctica.
“Esta situación descrita da como resultado que la demanda ha sido presentada en tiempo ‘prematuro’; pues, al haber el demandante decidido culminar la vía administrativa, esta ha entendido que su situación aún no corre el riesgo de tornarse irreparable, hecho que este juzgado considera acertado”, dice el documento.
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Líneas más abajo dice: "Por las consideraciones antes expuestas, el juez titular del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima ha resuelto declarar: improcedente la demanda de amparo interpuesta por Liz Patricia Benavides Vargas en contra de la Junta Nacional de Justicia, por estar la misma inmersa en la causal prevista en el numeral 4 del artículo 7 del Código Procesal Constitucional".
En una nueva estrategia, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, solicitó al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio De la Haza, llevar a cabo una "prueba testimonial" con un grupo de congresistas afines a su defendida.
En esta lista figuran los parlamentarios señalados como parte de la red que supuestamente orquestó el exasesor de Benavides Jaime Villanueva en el Congreso para influir en el sistema de justicia.
Del Castillo busca su retorno al cargo de fiscal de la Nación y ha solicitado la comparecencia de legisladores como Martha Moyano, de Fuerza Popular; Patricia Chirinos, de Avanza País; Gladys Echaíz, de Renovación Popular; y José María Balcázar, de Perú Bicentenario; mencionados en su momento como cercanos a Villanueva.
Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, fue objetivo de Villanueva, quien buscaba que el grupo de trabajo aprobara proyectos de ley para cesar a los magistrados de la JNJ con más de 75 años. Patricia Chirinos, defensora de Benavides, fue autora de una denuncia que llevó a la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos y promovió la primera moción para destituir a los integrantes de la Junta.
En uno de los chats de WhatsApp de Villanueva, este asegura que Chirinos estaba recolectando votos para la inhabilitación de Ávalos. Gladys Echaíz también movió una denuncia contra Ávalos y participó en la arremetida contra la JNJ, además presentó un proyecto de ley para reemplazarla con la Escuela Nacional de la Magistratura.