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Política

Martín Vizcarra se benefició con ‘ley Soto’ en investigación de sobornos en Moquegua

Vizcarra Cornejo se salvó de ser condenado a 6 años de prisión tras el respaldo por la ley que aprobó el actual Congreso, liderado por Alejandro Soto, quien corrió con la misma suerte.

Martín Vizcarra continúa en libertad, mientras que su amigo César Ramos enfrenta 8 años de prisión por el mismo delito. Foto: Andina

Mientras intenta seguir tendencias y ser una figura reconocida en las redes sociales, el expresidente Martín Vizcarra se salvó de ir a prisión hasta por seis años tras acogerse a la denominada ‘ley Soto’. Vizcarra fue señalado por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado debido a que en su gestión como gobernador regional de Moquegua habría permitido pagos indebidos de supervisiones no realizadas a la represa Chirimayuni.

Panorama reveló el reciente documento de la prescripción del proceso penal de Vizcarra Cornejo. Sin embargo, pese a las acusaciones, el exmandatario se acogió a la ley del actual Congreso que establece un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. Una norma que también salvó de la cárcel al presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Algo curioso dentro de esta investigación es que una de las personas cercanas del expresidente también fue involucrada en estas irregularidades que se dieron en Moquegua. Se trata de César Ramos Zamora, quien fue funcionario del gobierno regional de dicho departamento y acusado por Fiscalía por el mismo delito. A diferencia de Vizcarra, su amigo Ramos Zamora enfrenta una pena de 8 años, que inició el 27 de mayo del 2022, debido a que en aquel entonces todavía no existía la controvertida ley de prescripción aprobada por el parlamento.

Vizcarra figura en redes sociales y se acoge a 'ley Soto'. Foto: composición LR

Caso Chirimayuni

El caso por el que finalmente el expresidente no enfrentará ninguna condena es el de la obra "Construcción infraestructura de riego represa Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia General Sánchez Cerro departamento de Moquegua", ejecutada durante la gestión del entonces presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, durante los años 2011-2014. La finalidad de este proyecto era poner fin al déficit hídrico en los distritos de Chojata y Lloque, en la provincia General Sánchez Cerro.

En el año 2011, se dio la buena pro al consorcio Chirimayuni para la supervisión externa del proyecto durante 12 meses, por un valor de S/1.286.000. Sin embargo, la Contraloría detectó que durante 6 meses no se realizó ninguna supervisión.

Alejandro Soto Reyes. Foto: difusión

¿Qué es la 'ley Soto'?

La 'ley Soto' fue inicialmente denominada "ley que modifica la suspensión del plazo de prescripción" en el nuevo código penal y fue cuestionada desde un inicio, al advertirse que era una ley que contaba con una amplia probabilidad de beneficiar a los investigados, como es el caso de los cabecillas en el caso de Los Cuellos Blancos, como César Hinostroza. La sorpresa se dio ahora, que resulta que entre esos investigados también estaba Soto.

La norma modifica en sí el artículo 84 del Código Penal y establece un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito. La iniciativa se dio con el objetivo de que las investigaciones y procedimientos por diferentes casos se realicen con mayor rapidez, sin embargo, el periodista César Romero advirtió que existe una serie de investigaciones por delitos menores que podrían resultar afectadas con la disposición que ya fue promulgada con apoyo de Soto.

¿Quiénes son los beneficiados por 'ley Soto'?

Martín Vizcarra y Alejandro Soto no serían los únicos personajes políticos que se habría beneficiado con esta ley. Medios de comunicación reportaron que el investigado por lavado de activos cercano a Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, también se benefició con la ley que salvó a Soto de la cárcel.

El hecho sucedió un día después de publicada la ley en el Peruano y logró eximir a Ramírez de un caso por el que ya existía una condena en primera instancia, pero que gracias a este Legislativo, pasó a ser archivado sin mayor miramiento.

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