Cautelar a favor de la fiscal Patricia Benavides no ayuda a la transparencia

Especialistas consultados advirtieron que la medida cautelar que suspende de manera inmediata las investigaciones que se le siguen a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ayuda a la transparencia.

El jueves, la jueza Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, resolvió confirmar la medida solicitada por Benavides, que había sido apelada por la JNJ.

Dispuso, de forma provisional, la inmediata suspensión de las indagaciones preliminares en contra de la fiscal de la Nación en los expedientes 001-2023-JNJ y 008-2023-JNJ, así como todos los actos derivados de las denuncias e investigaciones realizadas.

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La jueza Tarrillo había otorgado la cautelar a Benavides a finales de agosto. Sin embargo, el procurador público de la JNJ presentó una apelación. La semana pasada, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima había declarado nula la resolución, alegando, entre otras cosas, una incorrecta fundamentación, y solicitó un nuevo pronunciamiento, que es el que se conoció el jueves.

Cuestionamientos

“La jueza (Tarrillo) no ha analizado ni ha medido los alcances de su medida en relación con la no afectación al orden público”, sostuvo la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma.

Añadió que no puede haber funcionarios exentos del control de su labor, lo cual significa que todos los miembros del Ministerio Público, elegidos por la JNJ —sin distinción— están sometidos a las investigaciones necesarias que validen su actuación funcional.

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“La suspensión de la investigación a la demandante (Benavides) limita la información pública que toda la colectividad requiere conocer, como la evidencia de los grados académicos que justificaron un puntaje para la elección en el cargo de fiscal. Aquí hay un interés público, más aún cuando se trata de documentos emitidos a nombre de la nación”, sostuvo.

Ledesma dijo que la transparencia es un valor constitucional que se tiene que afirmar en la labor de la JNJ. “Y eso, lamentablemente la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses lo acaba de liquidar”, remarcó.

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional y abogado Pedro Grandez advirtió que el problema con las medidas cautelares es que “o se dan con fundamento o son ilegales”.

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Señaló que si la jueza Tarrillo “está tan convencida de la amenaza a los derechos de la señora fiscal Benavides” lo que correspondía era que —incluso prescindiendo de la audiencia— emita la sentencia de fondo y no una nueva cautelar.

“Esto lo permite el artículo 12 del Código Procesal Constitucional. El uso estratégico de las cautelares es aquí realmente condenable”, indicó Grandez. Explicó que si se hubiera emitido una sentencia de primera instancia, la decisión de fondo se trasladaría a una sala.

“Lo que vemos en este caso es lo que ocurría en tiempos de control del sistema de justicia. Eso debe preocuparnos y debiera merecer un pronunciamiento público del propio Poder Judicial, que debería pedir que los jueces actúen respetando, por sobre todo, su imparcialidad e independencia, que no debe verse cuestionada ni siquiera bajo apariencia”, concluyó.

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La República consultó en la JNJ si la reafirmación de la cautelar sería apelada. La respuesta fue que eso es función del procurador. Al cierre de esta edición, no se había confirmado si procedería de ese modo.

El fallo

Tarrillo paralizó la investigación a la fiscal Benavides, favoreciendo sus intereses.