Dina Boluarte guarda silencio ante ley que limita la colaboración eficaz
No son claros. Pese a que el 26 de junio el procurador Daniel Soria le informó a la presidenta Dina Boluarte que esa norma es un retroceso en la lucha contra la corrupción, el ministro Daniel Maurate dice que todavía están evaluando qué posición adoptar.
El Gobierno de Dina Boluarte evita pronunciarse sobre la ley que limita la colaboración eficaz, pese a que la Procuraduría General del Estado le ha dado alcances que sustentan por qué esta norma es lesiva para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debido a los plazos que otorga.
El principal cuestionamiento contra esta ley es que da un tiempo máximo de ocho meses para corroborar y celebrar un acuerdo de colaboración eficaz, con la opción de ampliarlo cuatro meses más en causas justificadas. Los días corren desde el momento de la solicitud del investigado.
Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre la ley que aprobó el Congreso y que limitaría la colaboración eficaz. Foto: Presidencia
Dina Boluarte: Procuraduría alertó de irregularidad a la presidenta
El 22 de junio, el Congreso aprobó al caballazo dicha ley. Cuatro días después, el procurador general Daniel Soria le envió un oficio a la presidenta Dina Boluarte para informarle las observaciones del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
La República accedió a ese documento. En sus conclusiones advierte que “la aprobación del proyecto de ley 565 dificultaría la eficiencia del proceso especial de colaboración eficaz, al imponer plazos irrisorios que impedirían que se pueda extraer de ellas resultados de mayor alcance y envergadura para la lucha contra la criminalidad en nuestro país”.
Alerta. Soria demanda que no se promulgue esta norma. Foto: difusión
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Además, enfatiza que “el establecimiento de un límite de tiempo de ocho meses prorrogado por cuatro meses para su realización es una propuesta alejada de la realidad y práctica procesal que no tiene en cuenta los plazos de investigación”.
“Se puede concluir que el proyecto de ley 565 no guarda armonía con las políticas del Estado en materia de lucha contra la criminalidad, pudiendo representar un retroceso en el camino hasta hoy avanzado en materia anticorrupción”, enfatiza.
La semana pasada, por eso, el procurador Soria consideró que esos plazos impuestos son rígidos y ponen en riesgo la eficacia de la colaboración eficaz.
Lentitud del Minjus
Pese a estas advertencias, en el Ejecutivo evitan pronunciarse. Ayer el ministro de Justicia, Daniel Maurate, se excusó de opinar en RPP porque está a la espera de que llegue la autógrafa de esta ley y el informe de la Procuraduría.
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“Apenas llegue al sector, nos van a incorporar un plazo que puede ser de cinco a diez días, según convenga con la indicación y nos vamos a pronunciar”, expresó.
Según el portal del Congreso la autógrafa de esta norma aún no es enviada al Ejecutivo.
Pero lo que sí ha recibido el Gobierno es el informe de la Procuraduría. Fue remitido el 26 de junio por el procurador Soria a la presidenta Boluarte. Se trata del oficio D000050-2023-JUS/PGE-PE-UFDJEAF, de 20 páginas, elaborado por la Unidad Funcional para la Defensa Jurídica del Estado.
¿Habrá un giro?
En 2021, el plazo que pretendió imponer el Congreso a la celebración de la colaboración eficaz fue de cuatro meses. Luego, ante los cuestionamientos, lo incrementaron a ocho.
En diciembre de ese año, el Ministerio de Justicia señaló que esa propuesta de ley era alejada de la realidad y la práctica procesal porque no toma en cuenta los tiempos de investigación.
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En esa legislatura, el Minjus sostuvo que ese dictamen generaría un retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada.
Ahora con el ministro Maurate la posición de su cartera aún no queda clara. Se toma su tiempo, es paciente. En los Pasos Perdidos, los aliados de este Gobierno aguardan que le den luz verde a la autógrafa.
Otros puntos cuestionables de esta ley
La procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, recordó que, por ejemplo, en una colaboración corporativa de una empresa vinculada al ‘Club de la Construcción’, 16 contratos fueron sometidos al proceso de colaboración eficaz. La corroboración en esa situación demanda tiempo. Y el plazo de ocho meses que impone el PL 565 sería un obstáculo.
El PL 565, además, prohíbe corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la de otros aspirantes.
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Documento enviado a palacio
Estas son las conclusiones enviadas el 26 de junio por la Procuraduría a la presidenta Dina Boluarte para pedirle que observe esta ley.
