Tras el despliegue de diligencias en la sede principal del Gobierno Regional del Callao, la Fiscalía de la Nación inició oficialmente la investigación preliminar en contra de Ciro Castillo por el presunto delito de negociación incompatible. Como se sabe, el titular del GORE fue vinculado sentimentalmente a su asistente y se le acusa de haberle duplicado el sueldo, pese a que se determinó que esta había presentado certificados de estudios falsos. Previamente en un comunicado, el Gobierno Regional anunció el retiro de dicha trabajadora.
Dicha disposición se dio a conocer la tarde de este lunes 19 de junio, luego de que el mismo Ministerio Público se presentara ante la sede del gobierno Regional del Callao a fin de dar inicio con una intervención en el lugar para recabar información respecto a las denuncias que se ciernen en contra de Castillo y su asesora Elvira Mandalengoitia Cajal.
"Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción inició investigación preliminar contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, por el presunto delito de negociación incompatible. Esta investigación se abrió tras conocerse la denuncia que involucra al investigado en el presunto favorecimiento, de manera ilegal, a su asistente administrativa, duplicándole el sueldo", dicta el anuncio emitido por el Ministerio Público.
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Disposición fue anunciada por la Fiscalía de la Nación este lunes. Foto: Ministerio Pública/Twitter
En consulta con abogados penalistas, La República reveló que el delito de tráfico de influencias que el Gobernador del Callao habría cometido no sería el principal. El abogado Carlos Caro adelantó para este diario que el delito en el que Castillo-Rojo Salas habría incurrido era el de negociación incompatible.
"El caso de Castillo se relaciona con la contratación ilegal o también el delito de negociación incompatible que busca favorecer intereses particulares dentro de la Administración pública”, aseveró Caro para este medio.
Asimismo reiteró que por este tipo de delitos en específico, la fiscalía de la Nación podría pedir "entre cinco y ocho años de prisión" por la presunta comisión del delito de negociación incompatible.