El Poder Judicial evaluó el pedido de 28 meses prisión preventiva contra la ex primera dama Lilia Paredes, en el marco de la investigación por el caso Anguía. La esposa de Pedro Castillo, al igual que sus hermanos Alonso y Walter Paredes Navarro, es investigada por los presuntos delitos de colusión y organización criminal.
El pedido de 28 meses de prisión preventiva también recae en los hermanos Alonso y Walter Paredes Navarro. De esta manera, el juez Raúl Justiniano, a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, será quien determine si el pedido del Ministerio Público es viable.
PUEDES VER: Lilia Paredes: Poder Judicial reprogramó audiencia de prisión preventiva para el 15 de mayo
De acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió La República, Lilia Paredes se encargaba de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos, a través de su hermana Yenifer Paredes, con conocimiento y venia de su esposo, el presidente de la República, Pedro Castillo.
La hipótesis fiscal cobra mayor fuerza luego de que el empresario Hugo Espino Lucana informara ante el equipo especial que, el 8 de agosto de 2021, se reunió con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, quien le comunicó que desde Palacio requerían un “chip de teléfono celular” a nombre de una tercera persona para las coordinaciones con Lilia Paredes, debido a que temían ser interceptadas o, en sus palabras, “chuponeadas”.
PUEDES VER: Lilia Paredes reapareció en audiencia virtual desde México: "No podría dar mi domicilio"
En esa línea, Hugo Espino indica que, en dicha reunión, la esposa de Pedro Castillo le dijo a Yenifer Paredes que apoye con proyectos de inversión a favor de la Municipalidad de Chachapoyas; según la Fiscalía, por un supuesto grado de amistad con el alcalde de la entidad.
“Lilia Paredes mantendría una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes tenía el poder para lograr beneficiar en la licitación pública, otorgando la buena pro y la adjudicación de la ejecución de las obras”, dice la disposición fiscal.