El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró fundada, en parte, la tutela de derechos planteada por la Procuraduría General del Estado en la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. De esta manera, la defensa del Estado sí podrá participar en las tomas de las declaraciones en sede fiscal.
Por otro lado, el juez supremo Checkley no accedió el requerimiento de la Procuraduría para anular la declaración de Otárola del 16 de febrero, cita a la que no fue convocada la entidad pese a que sí participó en una diligencia anterior.
En su resolución, el juez supremo Checkley recuerda que lo establecido en el Código Procesal Penal "no regula expresamente una prohibición o la participación del agraviado durante las declaraciones en sede preliminar y preparatoria". Ello en contraposición a lo manifestado por la Fiscalía en la audiencia acerca de que solo pueden estar presentes en el interrogatorio el representante del Ministerio Público a cargo del caso y la defensa legal del investigado.
PUEDES VER: Boluarte exigió a AMLO dejar “intereses políticos“ para cederle presidencia de la Alianza del Pacífico
"Sin embargo, establece con claridad el artículo 88 inciso 3 del CPP quiénes son los sujetos que podrán interrogar al imputado, señalando que 'lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor'. No obstante, este precepto normativo no limita la participación del agraviado que pueda estar presente durante la declaración de un imputado, más aún, si este ya fue partícipe de una primera declaración no concluida, como lo es en el presente caso", sostiene el magistrado.
Con la decisión del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación ya no tendría ningún motivo para no reanudar en el más breve plazo la toma de la declaración a la presidenta Dina Boluarte.
El fiscal adjunto supremo provisional Marco Huamán del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales fue quien confirmó que el interrogatorio a Boluarte Zegarra se suspendió debido a que no se conocía el pronunciamiento del juez supremo Juan Carlos Checkley sobre la tutela de la Procuraduría.
"El día de la diligencia había dos pretensiones: la pretensión de participar de la defensa de los agraviados y la posición del Ministerio Público, que dice que no están habilitados porque interpretó el Código Procesal. Entonces, es válido que se suspenda la diligencia para llevarse a cabo luego de que el Poder Judicial (decida), porque luego esa diligencia puede quedar nula. No podemos cometer actos que pueden acarrear nulidades”, declaró Huamán a Canal N este viernes.