Milagros Corrales - Elmer Mamani
El periodo 2019-2022 fue nefasto para Arequipa. Sus dos principales autoridades elegidas por el voto popular, el gobernador Elmer Cáceres Llica y el alcalde provincial, Omar Candia Aguilar, terminarán sus gestiones en el penal de Socabaya.
Cáceres cumple prisión preventiva acusado de liderar una organización criminal en el gobierno regional. Mientras que al abogado Candia le confirmaron la sentencia de seis años de pena privativa de la libertad que le impuso en diciembre pasado el juez Edy Leva.
La ratificación de la pena fue ayer, de manera unánime por los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones conformada por Orlando Abril Paredes, Luis Madariaga Condori y Manfred Vera Torres. Son cómplices de Candia, los exfuncionarios Juan José Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo, también condenados.
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Candia es condenado por colusión, ponerse de acuerdo con un tercero para defraudar al Estado.
En 2012, Candia era alcalde del distrito de Alto Selva Alegre. En su gestión, se adquirió 40 cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad ciudadana. El proyecto costó más de dos millones de soles. La compra se hizo al consorcio Soluciones Andinas.
La autoridad edil delegó funciones al gerente municipal y asesores externos y permitió que se cometan irregularidades. Por ejemplo, la firma del contrato sin que el consorcio presente carta de fianza. También, que se haga el pago íntegro sin tener funcionando la obra. Permitió que se continúe con ella pese a las observaciones de Seal y Osinerming.
Tras la ratificación de la condena, se giraron las órdenes de captura contra los tres sentenciados. Deben pagar una reparación civil de 636,060.38 soles. Los inhabilitaron para ejercer cargos públicos por el plazo de tres años.
La Sala declaró infundado el pedido de anulación de la primera sentencia por parte de la defensa de Omar Candia y de los otros funcionarios. Lo mismo ocurrió con las solicitudes del Ministerio Público de sumar más años de pena con el argumento de que Candia era alcalde de Alto Selva Alegra, abogado y conocía de informática.
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Minutos después de la ratificación de la sentencia, un grupo de agentes de Requisitorias de la Divincri acudió hasta el local de la comuna en la calle El Filtro del Cercado, pero no encontró al burgomaestre.
En la mañana, este cumplió dos actividades públicas. Se le notaba desencajado. Participó de la sesión de la Comisión de Descentralización del Congreso en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Tenía una mirada al vacío. En un momento, los integrantes de la comisión esperaban sus comentarios sobre los avances del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), pero estaba distraído. La congresista y presidente del grupo parlamentario Diana Gonzáles le tuvo que hacer reaccionar con un ligero codazo.
Horas antes, Candia proclamaba su inocencia, luego de participar en un congreso sobre el turismo. Sostuvo que el informe de Contraloría con que se inició el proceso fiscal y luego judicial, tenía errores y que la propia entidad lo había admitido. “Las imputaciones son falsas (...) Cuando el Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa indica que no hay responsabilidad del funcionario no puede ir a un juicio”, explicó momentos antes de escuchar la decisión judicial.
En la noche su paradero era incierto. Corría la versión de que estaba en su despacho reunido con los gerentes. Mientras la Policía aguardaba fuera.
José Luis Ramos - analista
El encarcelamiento del suspendido gobernador Elmer Cáceres Llica y la sentencia ahora del alcalde de Arequipa, Omar Candia, no son cuestiones personales, obedece a la estructura crítica de la política peruana. No son casos aislados, es la confirmación a la regla. Tenemos un sistema politico que ni bien ejercen sus cargos ya empiezan a ser sospechosos de actos ilícitos en todos los niveles. No existen los partidos políticos de verdad y los movimientos regionales se han convertido en vientres de alquiler, son empresas privadas no son ideales, sino con candidaturas sin una trayectoria y en donde prima una gran inversión. Ya se han dado normas para evitar que personas cuestionadas sean autoridades, pero son candados no democráticos. El cambio debe venir de la ciudadanía.
El problema es que el menú de candidatos es desastroso. Cáceres y Candia son hijos de este sistema político.