A partir de las 2 p. m. de este 15 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictará sentencia al hijo menor del expresidente Alberto Fujimori, Kenji Fujimori Higuchi, por supuestamente negociar de manera ilícita con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski un indulto humanitario para su padre, quien cumple condenas por delitos de corrupción y graves violaciones de derechos humanos.
La Fiscalía ha pedido 12 años de prisión efectiva para Kenji Fujimori, el ex congresista Guillermo Bocángel y el exasesor Alexei Toledo por delitos de tráfico de influencias y cohecho (prometer un beneficio a cambio de un voto) en agravio del Estado. La acusación también incluye al excongresista Bienvenido Ramírez, para quien se pide 11 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, Fujimori, su exasesor y sus excolegas parlamentarios negociaron con el Gobierno de Kuczynski votar en contra de un pedido de vacancia a cambio de que se otorgará el indulto humanitario a Alberto Fujimori, a fines del año 2017.
El pedido de vacancia no prosperó con los votos del sector fujimorista liderado por Kenji, aunque después Kuczynski renunciaría al cargo. El 24 de noviembre del 2017, el Gobierno otorgó indulto humanitario a Fujimori, hecho que también, meses después, fue anulado por el Poder Judicial.
El tribunal integrado por los jueces supremos Inés Villa Bonilla, José Neyra Flores y Elizabeth Grossmann Casas ha programado para hoy leer un adelanto del fallo. De acuerdo con el Código Procesal Penal la pena no se empezará a cumplir de inmediato, salvo que el tribunal lo considere necesario para garantizar su cumplimiento.
Sala Penal Especial Suprema
Si no hay urgencia, la pena se hará efectiva en cuanto sea confirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martín Castro, en última y definitiva instancia.
Si se dan así las cosas, es posible que la próxima Navidad dos integrantes de la familia Fujimori —que gobernó el Perú entre julio de 1990 a noviembre del 2021— pasen las fiestas en prisión. Paradójicamente, Kenji no perderá su libertad por denuncia de los opositores políticos, luchadores contra la corrupción o una investigación de oficio del Ministerio Público.
El proceso a Kenji Fujimori se inició por acción de Fuerza Popular y su hermana Keiko Fujimori, como el mismo lo afirma. El fallecido congresista fujimorista Moisés Mamani denunció que Kenji Fujimori le había ofrecido una serie de obras públicas que sería priorizadas por el gobierno de Kuczynski a cambio de votar en contra de un pedido de vacancia que impulsaba Fuerza Popular.
Kenji Fujimori y sus excolaboradores han defendido que sus actos y la acusación en su contra es política, al considerar que no han cometido delitos y que no hay pruebas en su contra.
“Es tanto el daño y dolor que me ha causado el paso por la política que me siento decepcionado y desilusionado. No quiero saber nada de política, no imaginan el dolor causado a mi familia, esposa, hija, padres, pero en forma especial a mi madre, porque desde el año 2018 estuvo a mi lado en cada una de las sesiones que asistí y pude ver cómo poco a poco se fue deteriorando su salud hasta su fallecimiento”, afirmó el hijo menor del exdictador, al exponer sus alegatos finales ante el tribunal.
“Ese Congreso —continúo— quiso inhabilitarme pero no lo pudo lograr. Hoy, la Fiscalía retoma el objetivo de Fuerza Popular de querer inhabilitarme. Y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad, planteando una tesis sin fundamento alguno. Desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí”.
“Ninguno de los testigos que la Fiscalía ha presentado en este juicio, desde un expresidente hasta ministros de Estado, ninguno me incrimina. (…) Las acciones presentadas por la Fiscalía no calzan con ningún delito penal, son indicios que no han podido ser confirmados en ninguna etapa del proceso”, enfatizó Kenji Fujimori.
Por su parte en su exposición, la Fiscalía afirmó que “está plenamente demostrado que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla y Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción”.
La principal prueba de la Fiscalía son los videos y audios grabado por Moisés Mamani y la transcripción de los mismos. Cabe recordar que Mamani fallecio víctima de la COVID-19 en agosto del 2020.
Keiko Fujimori también enfrenta una acusación del Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato de 30 años de prisión por delito de lavado de activos. El caso se encuentra en etapa de control de acusación y en los próximos meses, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema tomará una decisión crucial para el desarrollo del proceso.