Ministerio de Vivienda resolvió contrato con consorcio mexicano para descontaminar Titicaca

El contrato suscrito en 2019 entre el Ministerio de Vivienda y Construcción (MVCS) y el consorcio mexicano Operadora Ecológica del Titicaca, para la construcción de 10 plantas en la cuenca de lago Titicaca con fines de descontaminación, quedó definitivamente resuelto y habrá una nueva convocatoria para la culminación del megaproyecto.

Luego de sostener una reunión con el gobernador de Puno, Richard Hancco Soncco, y los alcaldes provinciales y distritales vinculados con la obra de gran calado, la titular del MVCS, Hania Pérez de Cuéllar, informó que el Ejecutivo resolvió el contrato por incumplimientos de la concesionaria, compuesta por las mexicanas Fypasa Construcciones y Operadora de Ecosistemas.

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El proyecto de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cuenca del Titicaca (PTAR-Titicaca), que beneficiará a 1 millón 175.000 residentes de Puno, Juliaca, Ilave, Juli, Ayaviri, Moho, Azángaro, Lampa, Huancané y Yunguyo, tenía prevista una inversión de S/863 millones.

“Va a haber una nueva convocatoria de todo el proyecto integral, (que incluye) no solamente a Puno, sino también a otras provincias, (para que) se pueda ejecutar de manera articulada”, indicó la ministra Pérez de Cuellar.

Cuando se produjo la licitación del PTAR-Titicaca en 2019, además del consorcio mexicano Operadora Ecológica del Titicaca, también participaron Collas, de Francia; y FCC Aqualia, Sociedad Anónima de Obras y Servicios, y Aguas de Puno, de España. Por lo que se estima que la nueva convocatoria tiene asegurada la presencia de compañías extranjeras para completar la ejecución del proyecto del PTAR-Titicaca.

La ministra Pérez de Cuéllar precisó que, en el caso de la Operadora Ecológica del Titicaca, se resolvió el contrato por incumplimiento contractual de la compañía mexicana.

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Los reclamos hacia la Operadora Ecológica del Titicaca se iniciaron en 2022, cuando la comunidades puneñas reportaron que no había avances en la obra. Además, trabajadores del consorcio mexicano en Puno y Juliaca protestaron por el incumplimiento del pago de sus salarios.

Sin embargo, el 21 de abril de este año, la Operadora Ecológica del Titicaca interpuso un arbitraje contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), atribuyéndole presuntos incumplimientos al MVCS.

La ministra Pérez de Cuéllar, desde Puno, aclaró que el consorcio mexicano era el que había incumplido con el contrato, por lo que el Ejecutivo decidió darlo por concluido para luego convocar a un nuevo concurso, para que los puneños finalmente cuentan con el ansiado sistema de tratamiento de aguas servidas y de las que provienen de las actividades mineras informales.

Mientras tanto, el 15 de septiembre del año que pasó, el MVCS activó el proceso de resolución del contrato de concesión “por graves incumplimientos contractuales de la concesionaria, como no subsanar las observaciones al expediente técnico del Componente 2 y registrar más de 6 meses de atraso en los plazos pactados para las obras del Componente 1, que quedaron inconclusas”, informó el despacho ministerial.

Pérez de Cuéllar señaló que en la reunión de trabajo con las autoridades regionales y locales detalló el proceso de resolución del contrato con la concesionaria mexicana e informó sobre la próxima convocatoria para que Puno cuente con el esperado megaproyecto, que mejorará las condiciones de vida de las poblaciones ubicadas en la cuenca del lago Titicaca.

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En su participación en la Mesa de Trabajo Regional de Vivienda, Agua y Saneamiento, que implicó por primera vez la intervención presencial de un miembro del gabinete con las autoridades de Puno luego de la crisis de las protestas sociales, Pérez de Cuéllar comunicó la culminación del proceso de destrabe del proyecto de saneamiento básico Convenio 25 para la ciudad de Puno e indicó que la inversión alcanzará los S/1.100 millones.

El MVCS ha transferido para el financiamiento de proyectos de saneamiento S/18,7 millones destinados a los municipios provinciales de Puno y Azángaro, y a los distritales de Coyocuyo, Crucero, Caracoto, Huatasani y San José.

Y en el caso del municipio de Coata, se dio un paso adelante en el proyecto de agua y saneamiento al adjudicarse el contrato para el inicio de las obras.