Diez juristas asesorarán la gestión de la presidenta Dina Boluarte
Integrantes. Ejecutivo crea una comisión de constitucionalistas entre los que figuran Ernesto Blume, José Luis Sardón, Óscar Urviola y Aníbal Quiroga.
La presidenta de la República Dina Boluarte tendrá asesoría especializada en materia constitucional con la creación de una comisión consultiva conformada por 10 juristas. La labor de este grupo es brindar a la Presidencia de la República, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asesoría especializada en materia constitucional “que sea requerida para contribuir en el fortalecimiento y legitimidad del régimen democrático y el Estado constitucional de derecho en el país”.
Precisa que esta comisión puede recibir apoyo de instituciones públicas y privadas afines a su función, y en caso de requerir la participación de uno o más integrantes en misiones internacionales, los viajes se tramitan de acuerdo a la normativa vigente. Asimismo, deberá contar con un reglamento en el que se establecerá la elección de quienes ejerzan la presidencia y la coordinación de la comisión.
Entre sus integrantes está el expresidente de Tribunal Constitucional (TC) Ernesto Álvarez Miranda, quien a través de una resolución en 2013 junto con otros magistrados señaló que la matanza en El Frontón no fue provocada por el Estado, sino por los internos amotinados. Indicaron, además, que lo ocurrido no era delito de lesa humanidad.
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También está el expresidente del TC Ernesto Blume, quien en el 2022 presentó una ponencia, debatida y aprobada para dejar sin efecto la resolución judicial que anulaba el indulto que recibió Alberto Fujimori, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Otro integrante de la comisión es Jorge Cáceres, uno de los 10 juristas que eligieron este Gobierno para contrarrestar la narrativa de los presidentes de México y Colombia de negar el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Destacan los nombres de cinco exmagistrados del TC en la "comisión consultiva" de Boluarte. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República
Asimismo, fueron nombrados el expresidente del TC Víctor García Toma y el jurista Aníbal Quiroga, quienes ejercieron la defensa del Congreso en el Tribunal Constitucional ante la demanda del Poder Ejecutivo contra la ley que regulaba la cuestión de confianza y la limitaba a políticas de gobierno.
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Figura en la relación José Luis Sardón, uno de los magistrados del TC que emitieron su voto a favor del habeas corpus de Keiko Fujimori para que recupere su libertad tras estar con detención preliminar por más de 13 meses. Además están el expresidente del TC Óscar Urviola, que asumió la defensa de Fuerza Popular ante el JNE por el supuesto fraude en el 2021; y Elizabeth Zea Manrique, exmiembro del equipo técnico del fujimorismo en la última campaña electoral. Finalmente, el excandidato al TC Carlos Hakansson y Alberto Borea, quien asumió la defensa legal de Kuczynski durante los procesos de vacancia presidencial.
Consolida alianza con la derecha
Enfoque. José A. Godoy, analista político
La creación de esta comisión tiene una doble intención. La más evidente es articular una defensa legal de las acciones de Boluarte. Busca tener un conjunto de personas cercanas al perfil del Gobierno para una defensa dentro y fuera del país. Son personas que tienen mayor libertad de opinar que los ministros.
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El segundo motivo es reforzar la alianza de Dina Boluarte y la derecha. Todos estos juristas han defendido posiciones conservadoras, han sido cercanos a la coalición que estuvo detrás de la mayoría parlamentaria 2016-2019, los destituyentes de Vizcarra, quienes encabezaron el cuento del fraude (2021) y quienes han sostenido al Gobierno, soslayando las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. Este grupo consolida a la mandataria y la coalición congresal que busca controlar otras instituciones, con la aquiescencia de un gobierno débil.
El dato
Tiempos. La comisión será instalada en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la referida resolución y tiene un periodo de vigencia de 12 meses. Por otro lado, la designación de sus miembros constituye un cargo de confianza.