Dina Boluarte recurre a la CIDH para suspender acusación constitucional en su contra

La vicepresidenta de la República y ministra de Estado, Dina Boluarte, apeló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para intentar suspender la acusación constitucional que promueve el Congreso en su contra, a fin de inhabilitarla en el ejercicio de toda función pública por 10 años.

La medida que promueve el Parlamento se debe a que Boluarte fungía como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado y ocupaba la vicepresidencia de la República.

Según la Subcomisión de Acusaciones Constituciones, existe una presunta infracción del artículo 126 de la Carta Magna. De esta manera, precisa que “los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa”.

Al respecto, Alberto Otárola, abogado de Dina Boluarte, informó que el 23 de junio se presentó en Washington una denuncia y una solicitud cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“En petición acusamos afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad. Demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas que han anunciado que votarán la inhabilitación política por 10 años”, dice el abogado constitucionalista.

Otárola señala, además, que en la solicitud de Boluarte se ha pedido a la CIDIH que se respete el derecho del pueblo a elegir a sus representantes por cinco años y no por el plazo que recorte arbitrariamente el Congreso.

“La CIDH es un órgano independiente de jurisdicción supranacional y sus decisiones vinculantes. Si concede cautelar, la actuación del Congreso tendrá que adecuarse a estándares internacionales, sin olvidar que en el Perú debe regir el Estado constitucional y democrático de Derecho”, sostiene.

Dina Boluarte bajo lupa del Congreso

El último viernes 1 de julio, con 22 votos a favor y cero abstenciones, la Comisión Permanente de la República otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final de la denuncia constitucional contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta, Dina Boluarte.

De esta manera, dicha comisión ratifica en no variar la procedencia de la denuncia contra Boluarte por probable infracción constitucional.

En el informe parcial de la SAC señala que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, detalla.