En una jornada cargada de tensiones y decisiones cruciales, el Congreso de la República dio un golpe contundente al votar mayoritariamente a favor de la inhabilitación por 10 años en la función pública de Luz Inés Tello de Ñecco, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta decisión se dio en el proceso de denuncia constitucional iniciado por Jorge Montoya, que traería fuertes consecuencias para la institución encargada de nombrar, sancionar y destituir a jueces y fiscales.
La estocada final a la JNJ se dio en el Pleno del Congreso, en el que se votó el proyecto de resolución legislativa relacionado con la denuncia presentada por Montoya. La medida contó con un amplio respaldo, consolidando la posición de aquellos que consideraban necesario sancionar a la magistrada Inés Tello.
Sin embargo, la situación se torna aún más compleja con la presentación de una nueva acción de amparo por parte de la JNJ ante el Poder Judicial. Lady Camones, en su calidad de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), expuso hoy los argumentos de la institución en un intento por suspender la votación del Congreso.
Este proceso ha suscitado un intenso debate y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre el Poder Legislativo y la JNJ. La resolución aprobada hoy abre la puerta a una serie de interrogantes sobre el futuro de la Junta Nacional de Justicia y la estabilidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia en el país.
El proyecto aprobado señala que Tello De Ñecco se habría beneficiado de una interpretación que realizaron los integrantes de la JNJ, a fin de que el requisito sobre los 75 años sea para postular y no para ejercer como miembro titular. Con 67 votos a favor y 23 en contra y 3 abstenciones, la representación nacional decidió sancionar de esta forma a Tello De Ñecco por haberse mantenido en el cargo de miembro titular de la JNJ fuera del límite de edad previsto en la Constitución y el artículo 109 de la Ley Orgánica.
En un ambiente marcado por la tensión, la magistrada Inés Tello de Ñecco, integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha defendido su derecho a continuar en el organismo. Sostiene que fue designada por un periodo de cinco años y que cumplió con todas las normativas aplicables durante su gestión. Durante su comparecencia en el Congreso, declaró que su designación es totalmente conforme a la ley y no contraviene ninguna norma. Subrayó que el caso podría sentar un precedente importante en cuanto al respeto a los derechos humanos de las personas de edad avanzada.
Tello de Ñecco argumentó que las acusaciones en su contra derivan de una interpretación errónea de la Constitución, insistiendo en que las disposiciones constitucionales deben ser interpretadas de manera integral y no de forma aislada. Defendió que su nombramiento se realizó siguiendo las pautas del Tribunal Constitucional y conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y que fue seleccionada por unanimidad después de pasar por un proceso de entrevistas y cumplir con los requisitos exigidos.
La magistrada finalizó sus comentarios resaltando que ha ejercido sus funciones de acuerdo con lo establecido en la Constitución y recordó que este debate no es una novedad, ya que la jurisprudencia anterior ya se ha pronunciado sobre asuntos similares.