Con 105 votos a favor, el Pleno aprobó el último jueves la resolución que establece la agenda legislativa de este Congreso en el periodo anual de sesiones 2023-2024.
En el Parlamento han promocionado esta decisión porque, en teoría, se enfoca en cuatro objetivos: democracia y Estado de derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado.
En el primer punto, la agenda legislativa pone énfasis en proyectos relacionados con el funcionamiento de las instituciones, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la representación parlamentaria, el reglamento congresal y los altos funcionarios.
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Un papel crucial tendrá la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyano, para lograr los objetivos de esa agenda. Pero lo concreto es que en esa comisión hay una serie de iniciativas que pretenden inclinar la balanza a favor del Congreso y empoderarlo.
Por ejemplo, aún no se aprueban las seis propuestas de ley promovidas por Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Avanza País y Fuerza Popular para someter a antejuicio y juicio político a los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.
También está pendiente que esta comisión delibere los proyectos de Wilson Soto, de Acción Popular, y de Patricia Chirinos, de Avanza País, que plantean el cese de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuando cumplan 75 años. Esos textos apuntan a remover a la consejera Inés Tello.
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Constitución. Contrarreformas pendientes están en la comisión que preside Martha Moyano. Foto: difusión
Otra contrarreforma constitucional es la bicameralidad. Es un tema irresuelto desde hace dos años. En las oportunidades que fue votado en el Pleno no alcanzó los 87 votos.
El motivo fue que un sector de la izquierda se opuso al dictamen impulsado por el fujimorismo porque deja la puerta abierta a que los actuales congresistas puedan postular a la reelección como senadores o diputados.
Como no alcanzó los dos tercios en ninguna votación, el dictamen debió haberse sometido a referéndum.
Sin embargo, el excongresista Nano Guerra García presentó una reconsideración para volver a votar esta contrarreforma y luego un cuarto intermedio para paralizar el debate hasta conseguir los 87 votos.
Después de ese pedido, la discusión quedó estancada hasta hoy. En cuanto a modificar el reglamento, en mayo, el congresista de FP Víctor Flores presentó un proyecto para que sus colegas que renuncien a sus bancadas no puedan integrar otra.
En la Comisión de Constitución también se ha abordado denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos y retirarnos de la Corte IDH.
En setiembre, por su parte, un sector de la izquierda presentó un PL para que, en caso Dina Boluarte sea vacada, el presidente del Congreso solo convoque a elecciones presidenciales. Esa es parte de la agenda de este Congreso.