Las respuestas del ministro del Interior, Vicente Romero, a las interrogantes de los tres pliegos interpelatorios (de 65 preguntas) no colmaron las expectativas de la mayoría de los congresistas, quienes en sus intervenciones anoche en el pleno del Congreso consideraron que no hay una política eficiente contra la inseguridad.
Roberto Chiabra, de Alianza para el Progreso (APP), le pidió que “explique cuál es el plan de seguridad de Boluarte y que debe tener claro que es ministro de todo el Perú, no de tres distritos y de Piura con un estado de emergencia sin estrategia, lo que no es ninguna solución”.
Diego Bazán (Avanza País) solicitó a la presidenta Dina Boluarte que remueva cuanto antes al ministro del Interior, pues considera que Vicente Romero no va a renunciar.
En ese mismo sentido se pronunciaron Vivian Olivos Martínez, de Fuerza Popular, quien tildó de “mentiroso” al ministro Romero; mientras que la congresista no agrupada Silvana Robles consideró que declarar la emergencia no tiene sustento alguno, “pues la delincuencia migró de inmediato a otro distrito, lo que demuestra total ineficiencia para cumplir con su fin real”.
Muy a su estilo, Patricia Chirinos (Avanza País) sostuvo que el Ministerio del Interior está a la deriva, improvisando acciones mientras la delincuencia sigue ganando espacio en las calles y generando pánico en la población. “Lamentablemente, su incapacidad arrastra a la Policía Nacional que tiene la mitad del parque automotor inservible”, refirió.
Margot Palacios (Perú Libre) instó al ministro a que renuncie al considerar que pretende engañar al país y no es capaz de reconocer errores ante las muertes en las protestas.
En su intervención, el titular del Interior informó que las denuncias por diversos delitos aumentaron considerablemente, sobre todo el robo, con 92.294 reportes, y hurto agravado con más de 35.000 en lo que va del año.
Asimismo, se registraron 1.737 denuncias por homicidio y 17.983 por violación sexual. En el caso de las extorsiones, solo hasta agosto se han presentado 12.936 reportes, y respecto a otros delitos se han presentado 1.115 denuncias por secuestro, 162 por corrupción, 197 por trata de personas y 1.398 por fabricación, suministro y tenencia ilegal de armas.
A pesar de las evidencias de abusos policiales en las protestas contra el Gobierno, que dejaron más de 60 muertos, el ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que las intervenciones de la Policía en materia de orden público se han realizado con “estricto respeto a los derechos humanos” y que “durante su gestión en ningún momento se han empleado medidas represivas contra la población”, lo que fue cuestionado por congresistas como Margot Palacios y otros.