Alejandro Soto: 3 denuncias en su contra que no serán atendidas en Ética pese a su gravedad

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, enfrentará —este jueves 31 de agosto— el posible inicio de tres investigaciones en su contra que podrían concluir en un informe que recomiende su suspensión por 120 días y que declare que él sí vulneró el Código de Ética Parlamentario. De acuerdo a los parámetros establecidos por el titular de este grupo de trabajo, Diego Bazán, solo se tomarán en cuenta los siguientes casos: el haber contratado a su cuñada Yeshira Peralta como trabajadora de su despacho, el haberse beneficiado con una ley por la que él votó a favor en el Pleno y las entregas de dinero de sus trabajadores para financiar publicidad a su favor.

A pesar de que Soto Reyes acumula más denuncias, la Comisión de Ética estableció que se ceñirá a lo que establece el Reglamento del Congreso, el cual indica que podrán ser denunciados ante esta instancia los legisladores que vulneren el Código de Ética durante el ejercicio de sus funciones. Es decir, aquellas faltas —o delitos— cometidos posteriores al 23 de julio del 2021, fecha en la que el integrante de Alianza para el Progreso asumió su cargo en el Legislativo.

Existen otras tres denuncias graves contra Alejandro Soto que no serán vistas este jueves 31 durante la sesión extraordinaria que se desarrollará desde las 9 de la mañana, convocada por la Comisión de Ética. Las acusaciones surgieron tras la elección de Soto Reyes como presidente del Congreso y forman parte de los argumentos que fundamentan los pedidos —hasta el momento verbales— para que se proceda con su censura del cargo.

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Las tres denuncias que no serán vistas en Ética

Primero, La República difundió la denuncia de que Alejandro Soto compró una casa por US$252.000 con presunto dinero obtenido de estafa. En el 2012, él vendió un terreno por US$265.000 a la empresa donde trabajaba como asesor legal, Transportes Waynapicchu. Lo hizo ocultando que ocho meses antes había adquirido el mismo predio por US$5.000 de una comunidad campesina. En octubre del 2015, compró un lujoso inmueble ubicado en el distrito cusqueño de San Jerónimo, presuntamente con el dinero adquirido de la venta anterior. Esto fue denunciado —tras tomar conocimiento de lo ocurrido mediante una auditoría a su patrimonio— por el nuevo directorio de Transportes Waynapicchu.

La empresa detectó que el ahora presidente del Congreso, en complicidad con miembros del anterior directorio, hizo que la empresa pagara US$265.000 por un predio por el que él había abonado US$5.000 a unos campesinos. Existió un pedido fiscal de una pena de ocho años y ocho meses contra Alejandro Soto, pero, cuando —en julio del 2023— el juez cusqueño Carlos Morán Gil tenía que sentenciarlo, el parlamentario se acogió a la prescripción del caso en aplicación de la Ley 31751.

Segundo, a días de asumir su nuevo cargo en la Mesa Directiva, se conoció que el representante de APP presentó una declaración jurada en la que afirmó no tener ninguna deuda por concepto de reparación civil. De acuerdo con un informe de ‘Panorama’, en el 2016, el Quinto Juzgado Civil de Cusco le ordenó el pago de S/10.000 por el delito de difamación agravada contra el comandante PNP Nilo Chávez Luna, y este monto no fue cancelado hasta el año en que postuló al Congreso. Una persona que presenta deudas por reparación civil no puede postular al Parlamento.

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Tercero, de acuerdo a una denuncia de ‘Cuarto poder’, la vivienda que construyó Alejandro Soto en el Valle Sagrado de los Incas, en la región Cusco, se encuentra dentro de una zona monumental, y dos de los cuatro pisos fueron construidos ilegalmente. La edificación que no respeta los parámetros urbanísticos que manda la ley se encuentra dentro de las áreas arqueológicas protegidas por el Ministerio de Cultura.