Si la gestión de Patricia Juárez en la Comisión de Constitución estuvo marcada por las contrarreformas electorales, su sucesor, el fujimorista Hernando Guerra, optó por priorizar un paquete de reformas constitucionales, leyes y resoluciones legislativas que solo sirven para fortalecer más al Parlamento. Además, hay otro grupo de dictámenes que pueden resultar controversiales, ya sea por su carácter inconstitucional o por pintar más como leyes a favor de los aliados políticos.
En un reporte de balance de gestión, el saliente presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra, da cuenta de un total de 35 dictámenes. El informe no entra en detalles. Una revisión minuciosa realizada permite establecer que el 25% de esos dictámenes, en total nueve, solo sirven para empoderar a los congresistas, en relación con el Ejecutivo y otras instancias del Estado.
El caso más notorio es el dictamen de reforma constitucional para regular la vacancia por incapacidad mental acreditada por una junta médica. El texto, sin embargo, mantiene la vacancia por incapacidad moral permanente, situación que ha dado lugar a las últimas situaciones de crisis.
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El texto aún no ha sido aprobado por el Pleno. La que sí fue promulgada es la norma que permite al Congreso elegir a su procurador; es decir, un abogado subordinado a los intereses de los congresistas de turno. Esta ley fue decretada por Dina Boluarte.
Otro dictamen prohíbe la designación de ministros censurados. A esto se suman dos normas que ponen contra la pared a los ministros, quienes podrán ser denunciados por infracción constitucional si no reglamentan las leyes del Congreso en un plazo de 90 días.
Hay otro texto que establece criterios de obligación para que los gobernadores y alcaldes cumplan con entregar información a los congresistas. (Aunque el Congreso sí puede esconder información de forma reiterada, vulnerando la ley de transparencia). De los nueve dictámenes, uno ya fue promulgado y ocho están pendiente de debate y votación en el Pleno.
Infografía - La República
El grupo presidido por Hernando Guerra también aprobó dictámenes para quedar bien con los aliados políticos de turno. Lo más notorio se da con la ley que permite a Dina Boluarte viajar al exterior y despachar en remoto, un texto que fue considerado inconstitucional.
Otro dictamen polémico es aquel que permite mantenerse en el cargo al contralor Nelson Shack, si no eligen a tiempo a su sucesor (postura distinta a los casos del Tribunal Constitucional y la Defensoría). El fujimorismo estuvo desesperado por sacar esta ley en el último pleno. El grupo de Constitución también aprobó un dictamen sobre un proyecto de Patricia Benavides, para que los fiscales de la Nación ya no juren para el cargo ante el presidente, sino ante la junta de fiscales.
Bloqueo. Buena parte de la agenda del grupo de Constitución estuvo marcada también por el debate del adelanto de elecciones. Los predictámenes ambiguos y con trampa emitidos por Hernando Guerra sirvieron para distraer la discusión y al final no hubo los votos necesarios.