La tarde del viernes 16, el grupo parlamentario de Perú Libre presentó, nuevamente, un proyecto de ley que permite convocar una asamblea constituyente que pueda redactar una nueva constitución política. Esta iniciativa legislativa, ingresada por María Antonieta Agüero Gutiérrez, tiene como objetivo “modificar el artículo 206 e incorporar el artículo 207” a la actual carta magna elaborada en 1993.
El artículo 207, que el proyecto desea añadir al texto constitucional, establece la figura de la reforma total de la Constitución Política del Perú. En tanto la modificatoria del apartado 206, introduce la figura de reforma parcial.
De esta manera, el nuevo texto del artículo 206 que el proyecto plantea sería: “Toda reforma parcial de la Constitución debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum”. Las condiciones para omitir el referéndum se mantienen. “La iniciativa de reforma parcial de la Constitución corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral”, finaliza.
El artículo 207 que incorpora el proyecto de ley 5378 dispone que “el pueblo peruano es el titular del poder constituyente”, lo cual le da potestad para convocar “una asamblea constituyente para la reforma total de la Constitución”.
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En esa línea, el apartado describe que la elaboración de la nueva constitución debe ser autorizada de tres maneras:
El apartado precisa que si los resultados del referéndum respaldan la elaboración de una nueva constitución, el presidente de la República deberá convocar a la elección de los miembros de la asamblea constituyente, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor de 120 días.
Entre los fundamentos que desarrolla el PL resalta la crisis del sistema político, “lo que significó más de tres meses de protestas y movilizaciones, intensificadas por las violentas represiones y la militarización que han dejado más de 60 víctimas mortales”.
Además, se hace referencia a la “relación conflictiva entre el Poder Ejecutivo y Legislativo”, lo cual se ve reflejado en los seis jefes de Estado que Perú ha tenido, durante los últimos seis años, y en las “recurrentes interpelaciones y censuras ministeriales, mociones de confianza, inclusive hasta una disolución del Parlamento y un fallido intento de disolver el Congreso y anunciarse la ruptura del orden constitucional”.
“La Constitución Política del Perú de 1993 instituyó un sistema político rígido y antidemocrático para instaurar un sistema económico neoliberal. Dentro de sus múltiples ‘fallas estructurales’ se tiene las deficientes y conflictivas relaciones entre los poderes del Estado, un débil sistema democrático, una administración de justicia precarizada, el reconocimiento formal, no sustantivo, de los derechos fundamentales, concentración del poder económico, abandono de la industria nacional, exclusión del Estado como agente económico, un mercado laboral flexibilizado y apertura de las privatizaciones”, resalta el proyecto de María Agüero.