Dina Boluarte arguye falta de dinero del Estado, pero seguirá gastando en fortalecer represión

Contradicción. La presidenta Dina Boluarte admitió en Tumbes que “el Estado no tiene cómo afrontar“ la emergencia ambiental y social producida por el ciclón Yaku y el viniente Niño Costero. Miles de viviendas fueron destruidas debido a la activación de quebradas y desbordes de ríos. La crecida de los caudales ha inundado escuelas, plazas y dependencias del Gobierno. Aquel 11 de marzo, la jefa de Estado informó que su gestión no tiene “maquinarias ni motobombas“. Cinco días después, un ministro de su confianza aprobó compras para materiales “antidisturbios“.

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Desde el 2020, el “Programa de Mejoramiento del Servicio de Control de Disturbios Civiles a Nivel Nacional” se aplica en el Ministerio del Interior para solicitar presupuesto destinado a las operaciones de control interno. En total, el desembolso —al cual el Gobierno de Boluarte Zegarra y Alberto Otárola no ha renunciado— es de aproximadamente 40 millones de dólares.

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Más de media centena de civiles había muerto en contexto de protesta social cuando, el 16 de marzo, el Mininter de Vicente Romero aprobó, mediante la resolución ministerial N.º 391-2023, la compra de 56 vehículos blindados multipropósito (4x4) y 43 motobombas antidisturbios (4x4 y 6x4) para la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Para entonces, la consecuencia ambiental había golpeado cientos de moradas peruanas. Edificaciones hasta de tres pisos cayeron desplomadas por la precariedad, mientras que el titular de la cartera, nombrado por la mandataria, autorizó la compra de 119 camionetas SUV (4x2), 92 camionetas pick-up (4x4), 40 motocicletas, dos camionetas tipo panel y un minibús.

La ejecución está autorizada. Queda pendiente el precio a pagar y la actualización de Requerimientos Técnicos Mínimos, vitales para la adjudicación de los prestadores de servicio.