Buscan prohibir que condenados por colusión, peculado o corrupción postulen a elecciones municipales

Prohibición. La bancada de Bloque Magisterial, por iniciativa de la congresista Katy Ugarte, presentó una iniciativa legislativa para prohibir que personas condenadas por los delitos de colusión, peculado o corrupción puedan participar en elecciones municipales.

El último lunes 10 de octubre, el Bloque Magisterial presentó el proyecto de ley 3260/2022-CR con el objetivo de modificar la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales, y promover “la idoneidad de los candidatos y las candidatas a cargos públicos de elección popular, a efecto de fortalecer los filtros para la elección de autoridades locales”.

Esta propuesta quiere modificar el literal h del numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales. En consecuencia, no podrán ser candidatas “las personas que son condenadas a pena privativa de la libertad efectiva, o suspendida, con sentencia consentida, o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.

El proyecto señala que el ordenamiento jurídico peruano ha ido implementando nuevas herramientas para la lucha contra la corrupción, “las mismas que vienen siendo reforzadas para combatir y desterrar todo delito que pueda causar perjuicio en contra del Estado” y que se encuentran fundamentadas en la Constitución Política.

Proyecto afirma que delitos “atentan contra el desarrollo integral de los pueblos”

En ese sentido, la iniciativa de Katy Ugarte busca “evitar la propagación de la comisión de delitos tales como la corrupción”. “La normativa internacional ratificada por el Estado peruano ampara las sanciones que buscan castigar y reprimir este tipo de actos ilícitos, así como justifica las medidas orientas a prevenir la comisión de conductas típicas” establecidas en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.

Según el proyecto, la corrupción “no solo atenta contra las instituciones públicas, sino también contra el desarrollo integral de los pueblos, a efecto de promover el desarrollo de los países de la región, los países miembros de la OEA, y los países miembros de la ONU” que suscribieron los tratados internacionales antes mencionados con la finalidad de extender la lucha contra la corrupción en toda la región.

“Corresponde endurecer los impedimentos para postular como candidato, toda vez que los delitos de colusión, peculado o corrupción tienen un alto grado de lesividad, el debilitar la confianza de la población en el Gobierno y sus autoridades, y posteriormente, el orden democrático y el Estado de derecho”, se lee en el documento.