La congresista fujimorista Vivian Olivos envió un oficio a la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, Lady Camones, para que priorice en la agenda del grupo de trabajo la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo enviada por la Fiscalía de la Nación.
De acuerdo con la legisladora, la SAC debería enfatizar dicha acusación debido a su “importancia para nuestro país en la lucha contra la corrupción”.
Oficio de Vivian Olivos
La denuncia presentada por Patricia Benavides abarca los casos denominados como Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Cabe resaltar que, la acusación también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda).
La parlamentaria recalcó en el documento que la fiscal de la Nación aseguró, mediante un pronunciamiento público, que existen suficientes indicios para proceder con la investigación al jefe de Estado.
“Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, dijo Benavides.
Como se sabe, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú. La titular del Ministerio Público afirmó que el mandatario habría cometido los delitos de organización criminal y tráfico de influencias por el primer caso, y colusión agravada y tráfico de influencias agravado por el segundo.
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El presidente Pedro Castillo es investigado por el caso Puente Tarata III —junto al exministro Juan Silva, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo— por direccionar una obra pública por S/ 232,5 millones en beneficio de un consorcio que había sido contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo.
Por otro lado, también es investigado por el caso Petroperú, en el que se le acusa por la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por US$ 74 millones a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO), empresa de Samir Abudayeh, quien se reunió con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno antes de ganar el contrato.