El Pleno del Congreso resolvió este martes aprobar la presentación de la demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, esto luego de que el Poder Judicial dictara una medida cautelar que resolvía poner en pausa la elección de un nuevo defensor del Pueblo. El pedido para presentar esta medida fue aprobado por el Consejo Directivo del Parlamento el último 9 de agosto aduciendo que el Parlamento estaba expuesto a “constantes interferencias” por parte del PJ.
La acción competencial fue aprobada con 96 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones y busca dejar de lado la ampliación cautelar presentada por el Tercer Juzgado en lo Constitucional de Lima, la cual fue extendida hacia la “nueva comisión especial” que se encargaba de realizar la selección de los nuevos candidatos a la titularidad de la Defensoría del Pueblo, pues concluyó que no era cierto que la comisión sea nueva, sino que ha variado la composición de los integrantes.
En ese sentido, el juzgado consideró a la segunda comisión designada como “una única entidad colectiva”, y tomando este concepto como base, resolvió que se suspenda provisionalmente esta elección hasta que concluya el proceso judicial.
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Tras esta medida, la presidenta del Legislativo, Lady Camones hará oficial el pedido ante el TC en busca de que el máximo organismo de justicia “esclarezca las competencias únicas y excluyentes que le corresponden al Congreso de la República, conforme a lo establecido en la Constitución”, para poder concluir con el proceso de elección del titular de la institución pública.
El proceso de elección del nuevo representante de la Defensoría lleva pendiente casi un año, luego de que se anulara una primera elección del defensor a raíz de la presencia de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva quien no debía participar del comité especial.
En junio de este año, el Tercer Juzgado de lo Constitucional concedió la medida cautelar solicitada por el Sindicato de la Defensoría, dejando la elección en suspensión provisional; sin embargo, el Congreso acordó la formación de una “nueva comisión especial” la cual fue suspendida a inicios de agosto debido al primer proceso judicial pendiente.