El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, emitió al menos cuatro falsedades en la audiencia de hoy ante los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación al tema de la falta de transparencia durante la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La reunión tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, en el marco del 191 periodo de sesiones públicas de la CIDH. En contraste con otros viajes que hizo al exterior, en esta oportunidad el defensor optó por participar solo en forma remota.
La CIDH convocó a esta audiencia a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de analizar los cuestionamientos por la falta de transparencia y otro tipo de anomalías reportadas en su momento por la Misión Internacional de Observación (MIO).
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Precisamente ayer, en la audiencia, el diplomático norteamericano Stephen McFarland, integrante de la MIO, hizo un recuento de las anomalías que identificaron en el concurso que dirigió el defensor.
“El proceso de selección de la JNJ se llevó adelante con bastante opacidad y mero formalismo, y sin cumplir con estándares mínimos de transparencia, publicidad, veeduría ciudadana, apertura al escrutinio, criterios técnicos en la confección de las pruebas de conocimiento, transparencia en la resolución de tachas, y confianza e igualdad de condiciones”, relató.
McFarland también habló de la “falta de transparencia y acceso público a la información respecto a las actuaciones previas” de la comisión, pues las sesiones eran a puertas cerradas.
En su intervención, Josué Gutiérrez primero hizo referencia a las actas de las sesiones de la comisión especial. “Los acuerdos que hemos tenido los integrantes del colegiado están sustentados en las actas de las sesiones ordinarias y también de las extraordinarias”. Falso.
En realidad, las actas solo contienen resúmenes de los acuerdos. No hay un real sustento. Tampoco hay contenido sobre las eventuales deliberaciones. Por eso es imposible conocer, por ejemplo, detalles de la sesión del 13 de agosto, cuando, entre gallos y medianoche, la comisión acordó ampliar el plazo de inscripción de los postulantes por un día. El acta de dicha fecha solo hace mención a una falla técnica, sin mayor desarrollo. Gracias a esta extensión del plazo, lograron postular y ser elegidos la excongresista del partido Podemos María Cabrera y Francisco Távara.
Josué Gutiérrez también dijo: “los medios de comunicación, tanto escritos, radiales y de los medios de comunicación televisivos, participando activamente en todo este proceso”. Falso.
El jueves 13 de octubre, día de las entrevistas con los postulantes, la Defensoría impidió el ingreso de periodistas a la sala donde se iba a desarrollar la jornada. Tampoco habilitaron un proceso previo de acreditación.
El defensor aseveró luego que el proceso fue “transparente, claro; (sin) oscuridad u opacidad”. Esto también es falso. La gestión de Gutiérrez no solo evitó establecer criterios adecuados de transparencia, sino también, de manera más directa, incumplió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El 28 de octubre, La República pidió, al amparo de esta ley, copia del detalle de las puntuaciones que cada miembro de la comisión especial otorgó a los postulantes en las entrevistas.
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Vencido el plazo de respuesta, la secretaría técnica, a cargo de un funcionario de confianza del defensor (Manuel Balladares), solo remitió una carta con generalidades, sin cumplir con la entrega de la información.
Josué Gutiérrez comentó además que no había ninguna demanda contra la elección de la JNJ, pero sí hay una acción amparo desde el 25 de octubre, tramitada por la "Asociación de Fiscalización por la Conservación de la Democracia, el Pueblo tiene Poder", que representa el abogado Luis Alberto Carrasco.
En diálogo con La República, Luis Alberto Carrasco detalló que dicha demanda fue presentada ante el Tercer Juzgado Constitucional y agregó que hay una segunda tramitada ante el Primer Juzgado Constitucional, también contra la elección de la JNJ.