La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encuentra debatiendo una posible inhabilitación al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador Del Solar, por la disolución del Congreso el 30 de setiembre de 2019, durante el Gobierno de Martín Vizcarra. Frente a estas circunstancias el actor y director de cine ha tenido que abandonar su silencio sobre asuntos políticos para defenderse de las pretensiones del Legislativo. Sus argumentos básicamente son de corte jurídico y legal, los cuales se pueden leer en esta entrevista. Pero también advierte que la intención parece ser sacar de la ecuación a quienes entienden la acción política como un ejercicio de moderación. “Los extremos que se detestaban se vuelven repentinamente aliados”, afirma.
Usted estaba desvinculado de la vida política nacional. Cuando declaraba a los medios era sobre todo para hablar de sus proyectos artísticos. De pronto, el Congreso lo ha vuelto a meter en el centro del debate. ¿Cómo se siente con esta renovada exposición por asuntos que, imagino, había dejado atrás?
Creo que es interesante responder esa pregunta pensando en términos de oportunidad. Tengo años concentrado en mi trabajo de siempre, el actoral o de dirección, y estas denuncias surgen únicamente luego de que aparece una nueva sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 30 de mayo de 2023.
Son tres denuncias constitucionales acumuladas en su contra, ¿correcto?
Efectivamente. La primera interpuesta por el congresista Alejandro Muñante, la segunda por la congresista Patricia Chirinos y la tercera por un conjunto de excongresistas. Es importante mencionarlo. Que estas denuncias vengan juntas, una tras otra, tiene que ver con una premisa demostrablemente falsa. En la sentencia del 30 de mayo -referida a una demanda competencial del Gobierno de Pedro Castillo versus el Congreso- el actual TC señala que no comparte los criterios utilizados por el anterior TC (que en una sentencia de enero de 2020 declaró constitucional la disolución del Congreso de setiembre de 2019). Afirman que no les parece que se pueda plantear una cuestión de confianza sobre asuntos que no sean de competencia del Ejecutivo, ni que un presidente pueda interpretar que ha habido una denegatoria de confianza basada solo en los hechos. Pero no señalan que la sentencia de enero de 2020 sea inválida.
Tampoco podrían.
Porque esto es lo que se conoce en el derecho como cosa juzgada. Cuando un asunto se ve en última instancia puede gustarnos o no pero ya no se puede volver a tocar. Sin embargo, este comentario suelto de la sentencia de 2023 llevó a un conjunto de congresistas y excongresistas a decir “(la disolución del Congreso) fue inconstitucional y por lo tanto lo vamos a juzgar”. Perdóname que me haya extendido un poco en esto, Enrique, pero creo que es importante tenerlo en perspectiva. Durante los cuatro años que pasaron desde los hechos nunca hubo ninguna iniciativa de hacer una denuncia porque quedó claro que había sido resuelto por el TC el 2020. Para mí, que venía ya unos años concentrado nuevamente en mi trabajo, fue como una sensación de perplejidad. Quizás no debiera sentirme perplejo porque hay una lista larga de cosas que este Congreso está pasando por alto, comportándose como si los márgenes legales y constitucionales no tuvieran que ser respetados. Las otras personas denunciadas originalmente incluían a todo el Consejo de Ministros, a los exmagistrados del TC, incluso me parece que a los excongresistas Gino Costa por el pecado constitucional de haberme dado la palabra, al excongresista Richard Arce por haber contribuido a que se abriera la puerta (del Pleno). Por cierto, se han inventado una leyenda de que yo pateé la puerta, cosa que nunca ocurrió. Todos estaban en este conjunto de denuncias y ahora solamente quedamos el expresidente (Martín) Vizcarra, el expremier (Vicente) Zeballos y yo.
¿Está en camino una venganza política en contra suya?
Si me permites, quizás estoy un poquito fuera de forma para este tipo de entrevistas, así que me excuso. Junto con el doctor Luciano López, encargado de mi defensa legal, empezamos defendiéndonos por el fondo del asunto.
¿Es más una defensa jurídica?
Respondiendo a los argumentos de las tres denuncias. Es falso que como representante del Poder Ejecutivo no pudiera haber interpuesto una cuestión de confianza para pedirle al Parlamento que apruebe un proyecto de ley y detenga el proceso de elección de magistrados del TC. Esto basado en el diario de debates de la Constitución de 93, en la Constitución y en una sentencia del propio TC bajo la presidencia de Ernesto Blume que, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de una modificación al reglamento del Congreso que buscaba restringir los casos en los que el Ejecutivo podía plantear una cuestión de confianza. Los magistrados dijeron que no se puede restringir algo que la Constitución reguló de manera abierta, porque eso implicaría atentar contra el principio de balance entre poderes. Cuando en septiembre de 2019 se planteó la confianza teníamos todo ese aval constitucional.
Lo que argumentan quienes lo acusan es que la moción de confianza no fue consultada, que fue más una acción personal. ¿Qué responde?
Eso no es solamente falso, es absurdo. Todo el Consejo de Ministros me acompañó y, cinco años después, jamás ha habido una ministra o ministro que dijera “oigan, el señor Del Solar hizo algo que no nos había consultado”. Tuvimos dos sesiones del Consejo de Ministros previas a la presentación de la cuestión de confianza. Luego de defenderme sobre el fondo del asunto hay un aspecto que es más de forma: esto ya fue juzgado, señores denunciantes, esto es cosa juzgada, no se puede volver a tratar. Y una cosa más: no pueden juzgarme porque el artículo 99 de la Constitución señala que la Comisión Permanente del Congreso solamente puede presentar una acusación constitucional contra un exministro dentro de un plazo de cinco años desde que haya cesado en sus funciones. Eso venció este 30 de setiembre.
Le insisto entonces, ¿hay una venganza política en ciernes?
No puedo descartar que haya un móvil de venganza política, pero me parece que podría ser un error contemplarlo únicamente de manera individual. Creo que lo que hay -llámese venganza política o algún otro término que pudiera ser más preciso- es algo más colectivo. Se quiere ir contra personas que se considera representamos una manera de entender la política que se puede llamar progresista, que muchos tildan de caviar, que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, con exigir que no puede ser que un Gobierno pueda acabar con la vida de decenas de peruanos y que todo siga como si nada, que exijamos el respeto a las normas constitucionales, que defendamos una reforma como la educativa, que consideremos importante que las personas que estén en la Junta Nacional de Justicia pueden hacer su trabajo y si se eligen a nuevas estas tengan realmente capacidad. Hay una venganza contra la moderación política, contra el centro político. Los extremos que se detestaban se vuelven repentinamente aliados porque si hay algo que odian más que a su opositor es a quienes están en el centro moderado tratando de buscar un camino digamos razonable.
Declaró en RPP que posiblemente lo que se está buscando es sacar de carrera a quienes podrían evitar que quienes hoy ejercen el poder se mantengan en él. Sé que ha dicho que no va a postular.
No pienso postular. Si quisiera ya tendría que haberme inscrito en algún partido. Mis planes son otros. Me parece que Alberto Vergara y otros colegas suyos hacían el tristísimo paralelo entre lo que ocurre en Perú con Guatemala. Es decir, una especie de cartel que no admite competencia. Es casi un milagro que el señor Arévalo haya ganado las elecciones en Guatemala, cuando otros fueron sacados del camino. Algo parecido se ve ahora. Si no los intentos francos, al menos las amenazas de que se buscará también inhabilitar al expresidente Francisco Sagasti, de que se le pone la miraa cualquier persona que pueda representar algo distinto a lo que ahora podría calificarse como un pacto, este equilibrio rarísimo entre Ejecutivo y Legislativo, absolutamente de espaldas a importantísimos reclamos y necesidades nacionales y populares, como si nada más existiera. A propósito de mi caso encuentro declaraciones como las del congresista José Cueto -que si fue citado correctamente por el diario Expreso- decía algo así como “no le hagan caso, más bien pásenlo al Pleno para inhabilitarlo”. O del presidente actual del Congreso (Eduardo Salhuana), que entrevistado en Pasos Perdidos dijo que “(la disolución del Congreso) fue inconstitucional, tiene que avanzarse”. ¿Perdón? Por más que sea el presidente del Congreso y merezca el respeto que ese cargo demanda, el TC ya avaló la constitucionalidad. O de la primera vicepresidenta (Patricia Juárez) diciendo cosas como que “el señor Del Solar ya aceptó que estuvo mal en su cuestión de confianza”. Un momentito. Sí vamos a violar las normas de la realidad de esa manera, entonces no hay ninguna forma de defenderse. Por no mencionar a los denunciantes, a los señores congresistas Muñante y Chirinos, que utilizan argumentos que creo -y lo digo con el mayor respeto- estudiantes serios de derecho descartarían rápidamente.
Justamente sobre eso. Su defensa es básicamente jurídica: cosa juzgada, plazos vencidos. ¿Pero se reafirma en la necesidad de esa cuestión de confianza que llevó a la disolución del Congreso?
Totalmente. Mi defensa es sobre todo jurídica, porque mis argumentos son demasiado sólidos. Pero ya que llamas la atención sobre el aspecto político, creo que las cosas las olvidamos muy pronto. Hagamos un poco de memoria. El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski inicialmente fue elegido con una minoría parlamentaria con la cual no podía defenderse ante una abrumadora mayoría opositora que comenzó a golpear a sus ministros, que quería tener la sartén por el mango a como dé lugar. El expresidente Vizcarra, es importante decirlo, se presentó en el Pleno el 28 de julio de 2019 y dijo…
¿Vayámonos todos?
Vámonos un año antes, todos, porque si miramos la historia de la República cada vez que el Ejecutivo ha tenido una mayoría opositora las cosas han terminado mal. Como presidente del Consejo de Ministros me tocó liderar una negociación con diferente fuerzas políticas para ver de qué forma evitábamos un daño al país. Llegamos a plantear los detalles que podían constituir ese acuerdo que fue saboteado de la noche a la mañana. La Comisión de Constitución, presidida entonces por la congresista…
Rosa Bartra.
Bartra. Esa comisión convocó a una sesión extraordinaria que no estaba planificada y declaró que no se iba a avanzar en el proyecto de adelanto de elecciones. Aprovechando eso aceleraron la convocatoria para elegir a los magistrados del TC, en un proceso que no había tenido audiencias públicas, que había sido opaco. Y así se presentó la cuestión de confianza. Si en el Congreso hubieran dicho que la otorgaban, paralizaban el procedimiento y se tomaban dos o tres meses, hubieran elegido perfectamente al TC y no habría habido crisis. Sin embargo, el Congreso me cerró la puerta. Se inventaron la leyenda de que la pateé, pero no mencionan qué significa que le cierren la puerta a un ministro que, por el artículo 129 de la Constitución, está autorizado a entrar al Congreso. Y supuestamente los agresivos éramos los del Poder Ejecutivo. No sólo eso. Cuando se disolvió el Congreso y se convocó a elecciones, el expresidente Vizcarra no presentó lista parlamentaría propia. Cualquier proyecto de dictador, cualquier golpista aspirante a quedarse en el poder, aprovechando la enorme popularidad de su medida, como antes había hecho Fujimori, hubiese presentado una lista parlamentaria que le dé soporte y le permita gobernar con tranquilidad. Vizcarra no lo hizo. De hecho, el nuevo Congreso lo vacó. En ese contexto queda muy claro que había una parte que estaba buscando soluciones constructivas, sin dar señales de querer aferrarse del poder, y otro sector que, desde el inicio de ese quinquenio, lo único que quiso fue imponerse por la fuerza. Un dato más: en las últimas elecciones el fujimorismo y la derecha reunida alrededor de él inventó el fantasma del comunismo, que ya viene el comunismo, con vallas publicitarias encima de edificios enormes. Si vamos a creer que de verdad le tienes tanto temor al comunismo, ¿qué lógica tenía traerse abajo la presidencia de alguien como Kuczynski, con el que podías encontrar tantas afinidades en tu manera de ver la política económica, por ejemplo? Me ratifico totalmente, no solamente en lo jurídico sino también en lo político, en el intento de que adelantáramos elecciones y en la presentación de la cuestión de confianza.
Un sector argumenta que esa cuestión de confianza terminó de polarizar al país. ¿Qué responde?
Es una falta de perspectiva total. O sea, ¿todo estaba perfecto y todo se fue al diablo cuando presentamos la cuestión de confianza? Eso es no ver el bosque y estar abrazado a una ramita de un árbol.
¿Qué tanto le costó -hablo desde lo personal- ejercer cargos políticos de tan alto perfil? Prefiere la vida artística, está claro.
Prefiero la vida artística desde antes y durante. Y sin embargo me siento muy agradecido de haber pasado por la experiencia del servicio público. Tal es el grado de precariedad institucional de nuestro país, tal es la inexistencia de partidos políticos que no hay otra manera de explicar que alguien que se dedica a la actuación o al cine como director pueda haber terminado siendo… claro, lo de ministro de Cultura puede ser más explicable porque a veces se convoca a personas del ámbito artístico para una posición como esa. ¿Pero lo de primer ministro? Haber estado en esa situación, tratando de sacar adelante un acuerdo
para adelantar las elecciones, era casi como ser miembro de mesa, es como haber llegado por sorteo.
Usted aceptó el cargo.
No estoy diciendo que haya llegado de casualidad, ni contra mi voluntad. Lo que estoy queriendo decir es que llama mucho la atención que yo pueda haber ocupado una posición como esa. Valiéndome de mi formación como abogado y de mis estudios de maestría creo que tenía herramientas para enfrentarla, pero sin ningún tipo de instituciones políticas que ayudaran a que las cosas se hicieran. Para responder a tu pregunta, para cualquier persona que no viene del ámbito político, incluso que viene del ámbito privado o empresarial y pasa por la política, hay un costo alto de participar en ella. El costo alto natural que tendría que ocurrir en cualquier país es que si asumes una postura política y la defiendes va a haber un sector que te va a ver con otros ojos. Antes podías gustar o no como actor y las cosas no iban a más. Ahora de repente representas algo que un sector de la población considera desde poco inteligente hasta…
¿Nefasto?
Hasta realmente maligno. Al mismo tiempo no resulta luego tan fácil reengancharse en la actividad de siempre.
¿Le costó recuperar su vida artística?
Por supuesto. Respecto de la docencia no he tenido mayor obstáculo. El trabajo como actor me llevó fuera, no ha sido tan fácil retomarlo. Pero, por ejemplo, las conferencias son algo que me gusta hacer y, claro, uno se queda teñido de lo político y hay un montón de instituciones, universidades, empresas que dicen…
¿Este es muy caviar?
Claro, en el caso de quienes están en el otro lado del espectro político. Y no estoy culpando a nadie, me parece que pueden ser reacciones naturales. El regreso de la política no ha sido fácil, implica un costo. Y no estoy mencionando a la inmensa cantidad de funcionarios de muy alto valor que han enfrentado y siguen enfrentando causas judiciales injustas, absurdas, que han afectado realmente sus vidas de maneras con las que no pretendo compararme, en absoluto. Pero no ha sido fácil para mí tampoco.
Supongo que por eso su negativa a plantearse siquiera la opción de volver a intentarlo, ¿no?
No tiene que ver tanto con eso, Enrique. Yo nunca me he visto en el camino político como persona. Sí soy una persona que quizás me gustaría volver a opinar sobre asuntos públicos en alguna columna, pero hasta ahí. Que me haya tomado diez años tener una segunda película como director luego de haber dirigido Magallanes, es un tiempo demasiado largo, sabiendo que es lo que más me interesa hacer.
¿Le preocupa lo que ve en el Perú en estos momentos?
Muchísimo, como a mucha gente. Estoy profundamente preocupado. Quizás lo más llamativo y lo más urgente es el grado de inseguridad, el nivel de amplitud de las extorsiones, desde personas que no pueden abrir su pequeño emprendimiento hasta un banco. El grado de degradación institucional, el hábito entre los políticos de no considerar el bien común y de manera descarada legislar o regular a favor de intereses no solamente privados sino a veces informales e incluso ilegales, esta sensación de inevitabilidad, como si fuera inexorable que el país se deslizara más y más hacia la oscuridad, es un diagnóstico compartido por mucha gente.