Este martes, el Congreso se apresta a continuar con el desmantelamiento institucional por partida doble. Por un lado, la Comisión de Educación buscará aprobar un dictamen para dar mayor rienda suelta a las universidades privadas y públicas, pues ya no serán evaluadas para la renovación de sus licencias. En tanto, en el grupo de Constitución, el fujimorismo ha previsto apurar el paso para sacar una ley orientada a debilitar a la Defensoría del Pueblo.
Los parlamentarios avanzan con ambos procesos, en un contexto de profunda y sostenida desaprobación. La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de octubre les sigue otorgando un escuálido 6% de aprobación, contra un 90% que los repudia.
La Comisión de Educación, que preside José Balcázar, tuvo una sesión descentralizada el miércoles 31 de octubre en el auditorio de la Universidad Nacional Micaela Bastidas, en Abancay (Apurímac).
La agenda contempla el predictamen de un proyecto maquillado con el título de “ley que fortalece el sistema de acreditación universitaria”.
En realidad, se trata de una propuesta para debilitar la calidad en la enseñanza, pues, si el texto es aprobado, las licencias otorgadas a las universidades serán declaradas permanentes y ya no serán necesarias las evaluaciones para las renovaciones.
La actual Ley Universitaria (30220) establece que el licenciamiento es “temporal y renovable” y se debe renovar a partir de los seis años, para lo cual hay mecanismos de evaluación.
El autor del proyecto 5805 es José Balcázar, quien, como presidente de la Comisión de Educación, se encargó de acelerar la redacción del predictamen. Si el texto es aprobado, el siguiente paso será sancionar la norma en el pleno.
Por otro lado, la Comisión de Constitución sesionará a las 10 de la mañana. La presidenta de este grupo de trabajo, Martha Moyano (Fuerza Popular), ha programado con especial celeridad la sustentación de un proyecto de ley por parte del defensor Josué Gutiérrez.
Este abogado, elegido gracias a la alianza entre el fujimorismo y Perú Libre, presentó un “proyecto de ley de fortalecimiento de la Defensoría”.
El contenido, sin embargo, contiene certeros ataques contra la Defensoría, propiciados nada menos que por el mismo jefe de la institución.
El documento fue presentado el jueves 19 de este mes. En apenas una semana y media, la fujimorista Martha Moyano ya citó a Josué Gutiérrez para que sustente su propuesta, como si hubiera coordinaciones para su pronta aprobación.
Gutiérrez propone, por un lado, eliminar de la Ley Orgánica de la Defensoría los concursos públicos para los altos cargos de los adjuntos, mutilando, de este modo, la meritocracia.
Esta propuesta tiene como precedente reciente la eliminación de requisitos que hizo el defensor del Pueblo para facilitar la designación de la abogada Elizabeth Zea en el alto cargo de adjunta constitucional.
En segundo lugar, Josué Gutiérrez también propone eliminar el concurso público para la designación del secretario técnico de la comisión especial que, en el 2024, elegirá a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Es decir, el defensor, como presidente de dicha comisión, busca poner a alguien de su confianza, a dedo y sin criterios meritocráticos, en la mencionada secretaría técnica.
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En tercer lugar, Gutiérrez propone un ajuste en la ley defensorial, a fin de tener un mayor sustento normativo para entornillarse al cargo luego del término de su mandato, hasta que el Congreso elija a su sucesor.
Las licencias de las universidades ahora serán permanentes y ya no habrá una evaluación rigurosa para la renovación.