Matanza de Putis: fiscal retira acusación contra exjefe de compañía Lince
El fiscal Gino Quiroz Salazar desestima los testimonios con los que acusó al oficial Luis Grados Bailetti, jefe de la compañía Lince en Ayacucho en 1984.
El proceso judicial por la matanza de cerca de un centenar de personas en la comunidad ayacuchana de Putis, en 1984, que lleva casi tres años de juicio oral, corre el riesgo de alargarse aún más por la extraña decisión del fiscal Gino Quiroz Salazar, de retirar la acusación de uno de los tres militares sindicado como autores mediatos.
PUEDES VER: Testigo de masacre de Putis: fueron “Linces”
En la última audiencia, el fiscal dijo que los nueve testimonios que presentó en diciembre de 2020 para acusar al oficial del Ejército en retiro Luis Grados Bailetti, quien fue jefe de la compañía Lince, ahora ya no le generan certeza.
Uno de sus argumentos es que los testigos, quienes son familiares de las víctimas de Putis, señalan a los militares de haber reunido con engaños a los comuneros para luego ejecutarlos, pero no menciona a la compañía Lince o alguna otra unidad del Ejército. Incluso menciona el testimonio de una persona que logró escapar de la matanza, y que fue violada por los militares, remarcando que tampoco pudo identificarlos.
Para el representante del Ministerio Público es suficiente que no hayan indicado con exactitud a qué unidad pertenecían los autores de la masacre.
Sin embargo, existe la declaración de Julián Mendoza Curo, dada en juicio oral en setiembre del 2021, en el que se menciona como responsable a efectivos de la compañía Lince. El declarante fue detenido por una patrulla militar un día antes de las ejecuciones extrajudiciales y llevado a la base de Santillana. Al día siguiente, fue llevado a la base de Marccaraccay, donde su esposa le contó que su familia había sido asesinada en Putis.
“La gente decía que eran ‘Lince’, todos altos, nadie chato, no había quien hablara quechua. Solamente un civil traducía”, dijo.
La matanza de Putis fue dada a conocer por La República hace más de dos décadas, y según los testimonios de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fueron ejecutados más de un centenar de comuneros que acudieron a los militares en busca de protección contra Sendero Luminoso, sin embargo, los hicieron cavar su propia tumba con engaños, asegurándoles que sería un piscigranja.
Tras las exhumaciones realizadas posteriormente se lograron rescatar los restos de 92 perdonas, de los que 48 eran menores de edad.
Los otros procesados
Además, el fiscal Quiroz, sostuvo que se reserva su posición sobre los otros dos acusados: el general Wilfredo Mori Orzo, entonces jefe Político Militar de Ayacucho, por ser reo contumaz; y Juan Briones Dávila, quien fue jefe de Estado Mayor Administrativo de la Segunda División de Infantería, con sede en Huamanga.
Briones estuvo en el inicio del juicio oral y su abogado a participado en todas las audiencias y diligencias, por lo que no se le puede dar la calidad de ausente. Por lo tanto, el fiscal tiene la obligación de pronunciarse sobre su responsabilidad.
Fiscal Gino Quiroz minimiza los testimonios que él presentó al inicio del juicio contra Grados Bailetti. Foto: difusión
El representante del Ministerio Público, en su acusación final sostuvo que ambos eran miembros del Estado mayor y elaboraron el plan que ordenaba eliminar a los pobladores de Putis por considera que eran miembros, simpatizantes o colaboradores de Sendero Luminoso.
Por su parte, el abogado German Vargas, de la Asociación Paz y Esperanza, que representa a los familiares de las víctimas indicó que el fiscal no puede inhibirse de presentar la acusación en el caso de Briones Dávila porque no está como ausente, sino con una dispensa por enfermedad.
Cuestionó la decisión del fiscal de retirar la acusación contra Grados Bailetti. “Ha venido sosteniendo una tesis desde el inicio de la audiencia, hace casi tres años y ahora, sin fundamento pretende separarlo de un juicio que es uno de los más emblemáticos en nuestro país”, dijo.
Remarcó que con ello se produce una afectación del derecho a la verdad y a la justicia al no valorar las pruebas que se han presentado en el proceso.
