La presidenta de la República, Dina Boluarte, se manifestó acerca de la petición presentada a favor del excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de garantías judiciales y de su derecho al principio de legalidad. En ese sentido, manifestó que rechaza dicho petitorio e informó que dispuso al Ministerio de Justicia organizar "una respuesta contundente del Estado".
"Mi indignación y rechazo al petitorio del terrorista Polay (...) Ni un solo sol del erario público será para pagar a terroristas. El dinero servirá para la salud, la educación y la seguridad de todas las peruanas y los peruanos. Terrorismo nunca más", publicó la mandataria Boluarte en la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia del Perú.
Dina Boluarte se pronuncia sobre caso Víctor Polay Campos. Foto: Twitter.
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Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró lo anunciado por la jefa de Estado, Boluarte Zegarra, sobre el caso de Víctor Polay Campos. El primer ministro aseveró que la respuesta del Estado "será contundente" y que para coordinar ello, este viernes, se reunirá con las autoridades del Gobierno.
"Por disposición de la presidenta Boluarte convocaré esta tarde a titulares del Ministerio de Justicia, a la Procuraduría General del Estado, al procurador Público Especializado Supranacional, al procurador antiterrorismo del Ministerio del Interior y sectores involucrados en la defensa del Perú ante CIDH", escribió en Twitter.
A su vez, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, indicó que la Procuraduría General del Estado ya tiene lista una estrategia legal ante el petitorio de Polay Campos. En ese sentido, sostuvo que el Poder Ejecutivo respeta la autonomía de dicho órgano de defensa judicial, pero que están "dispuestos a apoyar en todo lo necesario para que la defensa del Estado sea eficiente y eficaz".
"La Procuraduría está lista y tiene su estrategia para responder (...) apenas tenga la comunicación de las observaciones que efectúe la parte demandante", declaró el funcionario ante la prensa.
La CIDH aceptó la petición del excabecilla emerretista en el que argumenta supuestos actos de tortura en su contra durante el cumplimiento de su condena de 35 años de prisión privativa de la libertad. Ante ello, el representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, se pronunció al respecto y señaló que el Estado peruano "no negocia con terroristas"; añadió que este tiene como objetivo "defender los intereses nacionales frente a los delincuentes terroristas".
Asimismo, refirió que la CIDH "no cambiará la condena" de Polay Campos ni modificará "las condiciones de su encierro". En esa línea, aclaró que "la comisión podría emitir recomendaciones o decidir el archivamiento de las peticiones" y que las autoridades peruanas podrán "aceptar o no" dichas recomendaciones". "Esto no va a liberar a Campos ni a reducir su condena", adicionó.