Después de 26 años de buscar justicia en el país, el caso de Celia Ramos, víctima de esterilizaciones forzadas, será visto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que juzgará al Estado peruano.
En 1997, Ramos fue sometida sin su consentimiento y en condiciones precarias a una esterilización en el Puesto de Salud del Caserío de la Legua (Piura). Durante la operación se presentó complicaciones médicas y falleció el 22 de julio de ese mismo año.
Marisela Monzón, la hija mayor de Celia Ramos, dijo que esta decisión es un gran paso y espera que sea el inicio de la recta final en esta lucha que lleva más de dos décadas.
La representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Jennie Dador, dijo que esto demuestra que la justicia peruana no funciona, especialmente cuando se trata de vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El abogado del caso Milton Campos (Demus) sostuvo que la decisión de este tribunal generará estándares en la región para que este tipo de casos sean atendidos.
Explicó que se presentará un escrito para que la Corte pueda evaluar el caso, el mismo que será comunicado al Estado peruano que tendrá la oportunidad de dar una respuesta. Luego de ello, la Corte IDH los citará a una audiencia, donde presentarán las evidencias. Detalló que también habrá una audiencia pública para que finalmente este tribunal emita su sentencia.
De acuerdo al Ministerio de Salud, más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la gran mayoría de ellos originarios de comunidades indígenas y de pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre los años 1996 y 2001.
Sin embargo, el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas tiene 6,504 víctimas inscritas en todo el país.