El último jueves, el Poder Judicial (PJ) dictó 30 meses de prisión preventiva en contra de la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini, debido a sus presuntas participaciones en actos delictivos que se habrían registrado en el interior del Fondo Mivivienda; sin embargo, ellos dos no solo serán encarcelados mientras que las autoridades continúan con las indagaciones del caso.
En esta nota, se informará quienes son los otros personajes que estarían implicados en los supuestos actos de corrupción y que también fueron traslados a los establecimientos penitenciarios determinados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tras la medida determinada por el juez Raúl Justiniano Romero, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
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Uno de ellos es Pedro Arroyo Marquina, el expresidente del Fondo Mivivienda, quien habría ocupado dicho alto cargo público después de que la empresaria Sada Goray pagara un soborno a Salatiel Marrufo.
Como se recuerda, los efectivos policiales detuvieron a dicho ciudadano el 9 de julio en la ciudad de Trujillo luego de que el juez Justiniano aprobara el requerimiento de la Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción de ordenar 10 días de detención preliminar en su contra. Ante ello, presentó un recurso de apelación pero esta medida fue rechazada por el magistrado Jorge Chávez Tamariz por ser entregada de manera "extemporánea".
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Arroyo Marquina permaneció en la sede de la Prefectura, ubicada en el Cercado de Lima, hasta la tarde de este viernes 4 de agosto, debido a que el PJ decidió su paso al penal Castro Castro.
Otro de los investigados es Roger Gavidia, exjefe de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), quien también habría sido integrante de la presunta organización criminal y que habría operado en el Ministerio de Vivienda durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Como se recuerda, el 8 de julio, el extitular de la SBN se acercó a la Fiscalía de la región La Libertad y se entregó ante las autoridades luego de la decisión de prisión preliminar contra los indagados del caso. Al igual que Pedro Arroyo pidió que no se le impute los cargos de pertenencia a una red criminal y ser liberado, pero el PJ denegó dichas solicitudes.
En la actualidad, el juez del PJ le ordenó prisión preventiva por 30 meses. Tras ello, INPE lo llevó hasta el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro.